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CEAIP desclasifica expediente de exsecretario de Finanzas de Malova, Armando Villarreal

CULIACAN SINALOA, 18AGOSTO2016.- Entrevista con el Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

FOTOS:CRISTIAN YARELY DÍAZ/RÍODOCE

A petición de Iniciativa Sinaloa, la Comisión de Acceso a la Información Pública (Ceaip) desclasificó como información reservada el expediente del secretario de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, quien recibió un condena absolutoria, al ser acusado de desviar 293.5 millones de pesos  durante el gobierno de Mario López Valdez.

El caso forma parte de un grupo de 15 carpetas de investigación que habían sido reservadas por cinco años por la Fiscalía General del Estado, pero que la Ceaip ordenó la entrega la versión pública de los expedientes de casos de corrupción que habían sido radicados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Cuando Villareal Ibarra fue vinculado a proceso logró  una suspensión condicional al celebrar un convenio con el gobierno de Quirino Ordaz Coppel para la reparación del daño por dos millones de pesos y una disculpa pública.

Mediante un comunicado, Iniciativa Sinaloa adelantó que los 15 expedientes serán  dados a conocer para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, una vez que la Fiscalía General del Estado cumpla con la resolución de la Ceaip.

Iniciativa Sinaloa afirmó que la determinación de la Ceaip para desclasificar los expedientes  significa un precedente de transparencia muy importante para Sinaloa, ya que se pusieron sobre la mesa los elementos por los que no se puede hacer una reserva total de la información relacionada con las investigaciones de actos de corrupción, por considerarla de utilidad pública.

Fue el 09 de febrero de 2022 cuando Iniciativa Sinaloa presentó la solicitud de información a la Fiscalía, pero esta se negó y la clasificó por como reservada por cinco años. La agrupación presentó un recurso de revisión en contra de la respuesta de la Fiscalía, pero la Ceaip la revocó por unanimidad la respuesta el pasado 05 de mayo y ordenó el cumplimiento de la resolución en un plazo de 10 días.

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