Violan leyes y no responden a las observaciones de la ASE
El informe de la Auditoria Superior del Estado (ASE) sobre la fiscalización de la cuenta pública de 2019 mostró que el municipio de Culiacán registró 32 pliegos de observaciones que en términos de auditoría presupone expedientes de posibles daños o perjuicios a la hacienda pública.
A pesar que el gobierno municipal de Culiacán recibe el mayor monto presupuestal de los 18 municipios, en la fiscalización realizada por la ASE a la cuenta pública de 2019, no encabezó el mayor número de pliego de observaciones.
La ASE registró 47 pliegos de observaciones en la cuenta pública de Elota y 43 en Mazatlán, gobiernos municipales que recibieron menor monto presupuestal que Culiacán.
Respecto al monto observado tampoco Culiacán se colocó a la cabeza en materia de pliegos de observaciones. El gobierno de la capital del estado debió solventar gastos por 26.7 millones de pesos, pero el de Mazatlán debió aclarar gastos por 47.9 millones de pesos.
Como en otros municipios, es recurrente la irregularidad en la administración de los recursos del gasto corriente.
En el caso de Mazatlán, uno de los 43 pliegos de observaciones registrados en el informe de la cuenta pública 2019, está por 14 millones de pesos, por haber realizado pagos con recursos del gasto corriente del Instituto Municipal de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, por concepto de préstamos para diversos gastos del Carnaval 2020, los cuales no se habían recuperado ni aplicado a presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2019.
Están también los pliegos de observaciones por 5.7 millones de pesos, por haber realizado pagos con recursos del gasto corriente por conceptos de nómina especial de apoyo para vehículos y de apoyo para pago de asesores para el síndico procurador y regidores, los cuales se consideran sobresueldos, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
La cuenta pública de Mazatlán tenía estimada por la ASE recuperaciones probables por 47.9 millones de pesos, originadas por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), así como del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).
Otra irregularidad encontrada en Culiacán y recurrente en otros municipios, es la preferencia por la contratación de obra directa.
En Culiacán, la ASE observó que el 89.33 por ciento del total de obras realizadas por contrato otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se realizaron mediante adjudicación directa.
Solamente el 7.86 por ciento del total de obras realizadas por contrato, otorgados durante el 2019 se adjudica por invitación a cuando menos tres personas, y solamente el 2.81 por ciento del total de obras fueron realizadas mediante adjudicación de licitación pública.
Lo anterior valió solamente una recomendación de la ASE porque consideró que este procedimiento no asegura al gobierno municipal de Culiacán las mejores condiciones de precio y calidad para aumentar la eficiencia en el gasto efectuado.
La preferencia por adjudicación directa de la obra pública no fue solamente registrada en el gobierno municipal de Culiacán, también fue detectada en Mazatlán, en donde el 67.3 fue adjudicado por la vía directa sin licitación.
En la misma cuenta 2019 en Culiacán se encontró que el gobierno municipal adquirió a “Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables, S.A. de C.V.”, mezcla, carpeta y emulsión asfáltica para utilizarse en trabajos de reparación y mantenimiento de calles por importe de 32.9 millones de pesos, los cuales, por el monto, debieron ser licitadas. Los contratos fueron autorizados por el Subcomité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Culiacán.
La titular de la ASE precisa que la ley de Adquisiciones de productos y servicios define montos mínimos y máximos para compras y contratos, siendo estos de alrededor 2 mil pesos en efectivo, de 10 mil a 50 mil debe analizarse al menos con tres proveedores, y de 50 mil hacia arriba por licitación.
Y si se aplica la adjudicación directa debe justificarse documentalmente la razón para no proceder por las otras opciones, como que ningún proveedor oferte ese bien o servicio, por ejemplo.
Artículo publicado el 29 de mayo de 2022 en la edición 1009 del semanario Ríodoce.
