El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la venta y distribución de cigarrillos electrónicos y de los vapeadores en México, ya que son considerados como un dispositivo para inhalar nicotina que afecta la salud, y está dirigido principalmente a niños y jóvenes.
La firma del documento fue durante la conferencia de prensa diaria del mandatario desde Palacio Nacional, en donde el morenista recibió un premio por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) en México por su “liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas contra el tabaco en México”.
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El pasado jueves 19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Secretaría de Gobernación emitieron una alerta máxima por dichos dispositivos, ya que existe la evidencia de que contienen una sustancia tóxica denominada acetato de vitamina E, que penetra los pulmones, causando inflamación, microtrombosis y hasta la muerte en quienes los consumen, recordó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Señaló que a pesar de que ya emitió un decreto para prohibir la introducción a México de los cigarros electrónicos, ahora el nuevo decreto se enfoca en impedir la distribución y venta directa a los consumidores.
“Independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta en México, es poner el tema sobre la mesa porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y padres no saben del daño que producen estos dispositivos; da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud”, dijo mostrando un vape color rosa que presentó en la mañanera.
Agregó que un dispositivo de ese tipo tiene un costo de 300 pesos, por lo que los consumidores gastan en promedio mil 200 pesos al mes en este producto.
También aclaró que la información publicada en los periódicos El Universal y Reforma, acerca de un anteproyecto de decreto presidencial para prohibir el consumo de tabaco en espacios abiertos como playas, estadios y parques, se trata de una propuesta del Poder Legislativo que “no tiene nada que ver” con una decisión del Ejecutivo federal.
(Con información de Proceso)
