Sistema de seguridad pública opera con deficiencias

Sistema de seguridad pública opera con deficiencias

El Informe Evaluación Anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública señala que hay fallas en equipos, la red de vigilancia y de radiocomunicación

El sistema de seguridad pública del estado opera con deficiencias de equipos, red de vigilancia, geolocalización, y la red de radiocomunicación es obsoleta e insuficiente, hay falta de personal y los penales operan con factores de riesgo que incrementan la violencia al interior.

El informe Evaluación Anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Estado de Sinaloa expone las deficiencias en el sistema de seguridad de la entidad.

En el documento se hace una evaluación de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General del Estado, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que obtienen recursos del FASP.

El FASP es un fondo que el gobierno federal transfiere a los estados para cumplir con las estrategias nacionales en seguridad pública.

En los últimos 11 años el estado ha recibido en promedio 215 millones de pesos anuales a través de este fondo.

De acuerdo con la evaluación, la red de vigilancia y geolocalización es insuficiente pues su cobertura actual se concentra en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome, además se registran actos de vandalismo contra la red de videovigilancia.

El año pasado la red de vigilancia nunca estuvo disponible al 100 por ciento, en enero la disponibilidad era del 53 por ciento y en noviembre, del 65 por ciento.

En la entidad instalaron 100 puntos de monitoreo y 225 cámaras pero solo funcionan 82 puntos y 161 cámaras.

Además hay insuficiencia de personal especializado en el monitoreo y control de la red de videovigilancia y geolocalización.

La red de radiocomunicación también es insuficiente y obsoleta para las necesidades de cobertura de los eventos, pero sobre todo por la seguridad y confiabilidad que se requieren para no ser objeto de intervenciones que afectan la efectividad de las acciones policiales.

Añade que el porcentaje de cobertura territorial de la red de radiocomunicación es del 64 por ciento y en el último trimestre solo el 67 por ciento de la red estaba disponible.

La evaluación señala que se debe modernizar la red para permitir su disponibilidad e incrementar su cobertura.

En cuanto a los equipos de radiocomunicación que utilizan los agentes policiales de la entidad, indica que son obsoletos.

En el C4i existen limitaciones de personal, de capacitación especializada y equipamiento tecnológico.

El servicio de emergencias 911 continúa registrando una alta proporción de llamadas falsas, lo que afecta la rapidez de respuesta ante un evento de emergencia real.

En el último año el promedio de atención a las llamadas de emergencias fue de 12:41 minutos, y el año anterior fue de 12:19 minutos.

En los centros penitenciarios prevalece infraestructura inadecuada y obsoleta, particularmente en el de Aguaruto, –construido hace casi 30 años–, y que opera en condiciones de riesgo para la población penitenciaria.

El sistema penitenciario tiene déficit de custodios, personal pendiente de acreditar los exámenes de control de confianza e insuficiente capacitación del personal activo, lo que impacta negativamente en el funcionamiento de los penales.

El año pasado, detalla, en los penales hubo tres suicidios, tres homicidios, dos riñas y una fuga, y no hubo inversión en equipamiento en áreas médicas, equipos de oficina y de seguridad.

“Existen factores de riesgo que vulneran la organización, disciplina e incrementan la violencia, tanto de sus centros de reinserción social, como a través de sus vínculos con grupos y redes delictivas en el exterior”, señala.

“Convendría valorar la pertinencia de impulsar la acreditación y certificación de los centros penitenciarios del estado y retomar el proceso de certificación iniciado y suspendido en el penal de Goros en Los Mochis”, menciona.

En la Fiscalía General del Estado la evaluación señala que no tienen suficientes armas y equipo táctico para los agentes.

La Policía Estatal Preventiva reportó que cada policía tiene un arma corta, un arma larga y un chaleco balístico asignado, mientras que en la Policía Investigadora del Estado de la FGE, de 823 elementos, 800 tienen chaleco, 757 arma corta y 761 arma larga.

En los últimos tres años la mayor inversión de recursos del FASP se destinó al equipamiento de las instituciones de seguridad, sistema nacional de seguridad y al fortalecimiento del desarrollo de las ciencias forenses.

De los recursos del FASP, en la SSPE las partidas a las que se destina mayor gasto es en viáticos con un promedio de 36.8 millones al año; la FGE a materiales y suministros de laboratorios con un promedio de 14.1 millones y el SESESP a honorarios con 15.5 millones de pesos.

Las partidas de honorarios o sueldos base a personal eventual es un rubro que ha crecido con el tiempo y se han destinado montos importantes a gasto corriente cuando hay necesidades de inversión que generen un mayor impacto en los indicadores de seguridad publica, menciona.

De 2011 a 2021 se ejercieron 3 mil 312 millones de pesos en seguridad publica de recursos del FASP.

La evaluación detectó que los problemas más graves dentro de las instituciones policiales son la falta de liderazgo de los mandos, de organización y confianza entre los elementos, falta de actitud de servicio, maltrato e intimidación de los mandos superiores, y corrupción.

Corresponde a las autoridades competentes verificar estos señalamientos y tomar medidas a que haya lugar, indica.

El documento señala que se debe aprovechar la nueva administración estatal para generar un cambio en la orientación de los recursos del FASP para obtener mejores resultados.

Artículo publicado el 24 de abril de 2022 en la edición 1004 del semanario Ríodoce.

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