La madrugada de este miércoles se registró un ataque armado en la cementera Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, con el objetivo de tomar las instalaciones de la Ciudad Cooperativa.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que hay personas fallecidas y lesionadas por el enfrentamiento, así como varios vehículos incendiados, sin especificar el número debido a que realizan el procesamiento del lugar, resguardado por la Guardia Nacional.
De acuerdo con los medios de información locales se habla de al menos cinco vehículos incendiados, así como de cinco muertos y varios heridos.
Los hechos ocurrieron entre las 4:00 y 5:00 horas de este 27 de abril, en el sitio hubo detonaciones de arma de fuego e incendio de vehículos.
El conflicto de esta madrugada inició cuando en la ciudad de Tula se notificó la llegada de convoyes de autobuses provenientes de la Ciudad de México y el Estado de México que se dirigían a la cementera. Como respuesta, se encendieron las alarmas de la planta para llamar a los cooperativistas a defender las instalaciones.
Los bandos se enfrentaron, uno para impedir el ingreso, y otro para tomar posesión del inmueble, que es parte de una disputa legal entre dos agrupaciones que reclaman el poder en la cementera; los líderes de ambos se han acusado mutuamente de manejos financieros indebidos y corrupción.
Los que tienen la planta denunciaron que un grupo armado, ajeno a la cooperativa, ingresó con violencia a la planta, al abrir camino a través de detonaciones, golpear obreros e incendiar autos. Ellos reportaron que al menos una persona resultó herida de gravedad por impactos de proyectil y fue trasladada de emergencia a un hospital de la región.
Por medio de un comunicado, la cooperativa lamentó los hechos y acusó a un “grupo de vándalos” de haber generado el incidente con los trabajadores de la planta.
“A este respecto es imperativo aclarar que, en todo momento, nuestras acciones en contra de Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo, la integridad física de sus ocupantes.
