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En picota 220 burócratas de la administración de ‘Billy’ Chapman

BILLY CHAPMAN. Bajo investigación 220 funcionarios de su gobierno.

Detecta OIC omisiones a la obligación “3 de 3” en Ahome

Una tesorera, un secretario de Desarrollo Económico, el contralor general y siete regidores forman parte de los 220 burócratas de la administración de Ahome, de Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno, que están en riesgo de ser inhabilitados para asumir cualquier cargo público por omisión en su declaración 3 de 3 en la modalidad de conclusión a la que estaban obligados.

El Órgano Interno de Control (OIC) en el cruce de información detectó las omisiones e inició los procedimientos de revisión, detectando que los 220 trabajadores obligados a rendir cuentas no lo hicieron, al menos hasta el 17 de marzo del 2022.

La identidad de los involucrados en la omisión permanece en reserva, debido a que el procedimiento de rendición de cuentas no concluye aún.

Además durante la administración 2018-2021 se realizaron cambios en las dependencias municipales, en las que hasta tres personas ocuparon un mismo cargo.

Ejemplos son tesorería, en donde hubo al menos dos mujeres, Onisa Juárez Carmona y la actual diputada federal, Elizabeth Ayala Leyva, dos secretarios en desarrollo económico, y tres directores en Comunicación Social: Juan Guadalupe Bautista, David Eloy Membrila y Alfredo Javier Padilla González, en tanto que un contralor general, Pavel Roberto Castro Félix, ocupó ese cargo. Este debió haber exigido el cumplimiento de la ley de transparencia y rendición de cuentas al resto de la administración.

Sobre este podrían caer otras indagatorias pues en las investigaciones se han encontrado omisiones para iniciar investigaciones oficiosas.

Además de los altos funcionarios mencionados, figuran como omisos 12 directores, seis subdirectores, cinco funcionarios del Tribunal de Barandilla, 20 coordinadores diversos, 21 jefes de área, nueve asesores, un síndico, siete policías, 119 auxiliares administrativos y cuatro sindicalizados.

No obstante la secrecía argumentada por el director del Órgano Interno de Control (OIC), Fausto Rubén Ibarra Celis, como impedimento para revelar la identidad de los implicados en la omisión, la versión pública del acta de reserva número 14 firmada por los titulares del Comité de Transparencia, Dalving Iturríos, Ana María Bojórquez y Leticia Alemán da cuenta que 24 directores de dependencias del Ayuntamiento en el ejercicio del 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2021 no habían presentado su declaración 3 de 3 en la modalidad de cierre, al concluir su empleo.
La información habría sido recabada a finales de enero del 2022.

La lista de directores omisos la encabeza Eryda López Gálvez, directora de Obras Públicas, secundada por Iván Roberto Gálvez Meza, que fungió en Servicios Públicos Municipales; Miguel Ángel Reyes Miranda, unidad de Transparencia; Juan Francisco Espinoza, de Salud Municipal; Jonathan Gutiérrez Palomares, jurídico; Benito Guadalupe Méndez, informática; José Antonio Contreras Castro y Gabriel Algándar, Desarrollo Social y Humano; Enoc Estrada Kamergan, Unidad de Mejora Regulatoria.

También aparecen dos de los tres directores de comunicación social, Alfredo Javier Padilla González y David Eloy Membrila; Carlos Julio Serrano Fierro, Obras y Servicios Públicos; Arturo Mercado Mexía y Servando Alonso Valdez Rueda, de Promoción Económica, Juana Minerva Vázquez González, Planeación e Innovación y actual diputada local por Morena; Paúl Javier Corona, Unidad de Inversión; Marco Vinicio Contreras, desarrollo Social y Urbano, y Noé Molina Ortiz, Egresos.

La lista la concluyen cuatro directores de institutos, Graciela Calderón López, de la Mujer; María de Jesús Armenta Sandoval, Sistema de Protección a la Niña, el Niño y el Adolescente; José Alberto Barreras Gamboa y Antonio Salaicez, de la Juventud.

Al ser cuestionada la información a Ibarra Celis, este confirmó los números, pero fue insistente en reservarse los nombres de los requeridos pues el procedimiento aún está en trámite como la valoración de la argumentación.
En la misma versión pública se reservó por completo el resultado de los directores de policía, por sumirse que la revelación de sus identidades los pondría en riesgo.

Ibarra Celis manifestó que la indagatoria sobre la administración relevada no es una cacería de brujas ni una venganza, sino resultado del cruce de información entre algunas dependencias, y el sistema arrojó incumplimiento de las normas sobre rendición de cuentas y transparencia a que está obligado todo trabajador.

“Serán requeridos para que expliquen y expongan las causales de la omisión, y si estas son de peso suficiente y se encuentran dentro de las causales para excusarlos y reponer el procedimiento de presentación, podrían librar la sanción que les corresponde, de lo contrario, la inhabilitación para ocupar un cargo público estaría segura”, dijo.

Consideró que el asunto podría tener un impacto de persecución sobre los ex funcionarios, pero recordó que antes se sancionaron con despido a algunos directores y trabajadores de la actual administración que omitieron la misma responsabilidad. Incluso, reveló, esta se extendió a paramunicipales; en Japama, por ejemplo.

Artículo publicado el 03 de abril de 2022 en la edición 1001 del semanario Ríodoce.

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