Samuel García gobernador de Nuevo León, señaló que el cateo realizado a una propiedad del ex gobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, en donde se localizaron armas y millones de pesos podría derivar en carpetas por los delitos de enriquecimiento ilegítimo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los hallazgos en el Palacio Rosa, propiedad de “El Bronco”, en el municipio de Galeana que fue cateada el sábado, deben investigarse al tratarse de montos millonarios.
“Ya la propiedad está cateada y en custodia del fiscal General del estado, y que en esa propiedad hay mucho que estudiar de cuánto cuesta todo lo que hay ahí y cómo y quién lo pagó, la propiedad puede costar 25 millones de pesos, falta agregarle todo el ganado fino que tiene de alta genética, que es caro, falta agregarle los caballos pura sangre, que son muy caros, falta agregarle las armas, falta agregarle las municiones, falta agregarle los dos millones y pico que encontraron en efectivo”, subrayó el gobernador.
“Él está obligado a demostrar el origen lícito, no el estado, él está obligado a demostrar que todo eso, que son millones de pesos, salieron de un origen lícito; si no, es delito de enriquecimiento ilegítimo y el famoso delito ORPI, que es Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, agregó, de acuerdo con una publicación de Reporte Índigo.
Durante el cateo, la Fiscalía reportó el hallazgo de un revólver Magnum 357, arma de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo al gobernador.
“El arma que encontraron es un arma prohibida en la Constitución federal, artículo 19, desde el año 2019 que yo era senador, viene expresamente que se aplicará prisión preventiva de oficio, no hay nada que valorar, no hay nada que llevar a un juez, prisión preventiva de oficio a quien tenga un arma exclusiva del Ejército; esa arma por sí sola es merecedora de una carpeta de prisión preventiva oficiosa que según la corte debe durar dos años”.
Samuel García lanzó un llamado a instancias federales, donde ahora se encuentra el caso tras la declinación del mismo de un Juez de control estatal, para que realicen la audiencia donde se definirá el futuro del ex gobernador apegada a derecho.
“Pedimos a las autoridades federales, en este caso a quien le vaya a tocar, al Juez penal federal de control en Cadereyta, que todo se haga apegado a derecho, conforme a ley. Nuevo León exige justicia y no se vale que argucias o ‘chicanadas’ de abogados dejen incólume esta primer carpeta de muchas que van contra el ex gobernador, sus secretarios, sus proveedores favoritos, y que queremos cárcel, pero también, que casi no se ve en México, pero hay que hacerlo y ser ejemplo nacional, que regresen lo robado, propiedades, los carros de lujo, sus cuentas bancarias, sus ranchos”, expuso.
