El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, propuso que la omisión de enterar en tiempo y forma, al Instituto de Pensiones, las aportaciones o cuotas que se realicen al salarios de los trabajadores sea constituida como una falta administrativa grave.
La iniciativa coincide con la propuesta que hiciera la semana pasada la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, al comparecer ante el Congreso del Estado sobre los informes de la fiscalización y revisión de las cuentas públicas 2020.
El diputado del PRI explicó que la iniciativa contempla reformar la Ley de Pensiones y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Sinaloa.
Explicó que la iniciativa busca evitar que se lesione la seguridad social de los trabajadores del Estado, abarca también que el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en la ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones de trabajo, establezca un vínculo normativo entre la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Pensiones de la entidad.
La propuesta de reforma pretende armonizar la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Sinaloa con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en favor del fortalecimiento de transparencia y rendición de cuentas.
En las administraciones estatales anteriores la ASE ha observado la existencia de un millonario pasivo por parte del Gobierno del Estado, por la omisión del pago de aportaciones retenidas al salario de los trabajadores por el concepto del Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES).
