La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en fondos y programas de salud, educación, infraestructura y la UAS durante el ejercicio de 2020.

La tercera entrega de la Cuenta Pública de 2020 indica que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Navolato deben aclarar o reintegrar la Tesorería de la Federación 82 millones 166 mil 600 pesos.

En el trascurso de la auditoría, por intervención de la ASF, devolvieron a la Tesorería un millón 327 mil 500 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación emitió 16 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que los Órganos Internos de Control o sus equivalentes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos.

El mayor monto observado fue en la revisión de Participaciones Federales a Entidades Federativas.

De acuerdo con la auditoría, de los recursos transferidos por la Secretaría de Administración y Finanzas a la UAS, a través del capítulo “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, destinaron mil 397 millones de pesos a “Servicios Personales”, de los que se pagaron las nóminas ordinarias que corresponden a 19 mil 987 trabajadores de base y confianza con 224 categorías, de las que se revisó el sueldo y se excedió 456 mil 300 pesos.

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría proporcionó documentos en los que señala que reintegró el monto.

La Cuenta Pública indica que la UAS destinó 149 millones 245 mil pesos para el pago de 4 mil 86 trabajadores por concepto de honorarios; sin embargo, pagaron 93 millones 214 mil pesos que no se ajustaron al importe del contrato de trabajo por obra y tiempo determinado.

El Gobierno del Estado de Sinaloa en el transcurso de la auditoría justificó 13 millones 729 mil 580 pesos, quedando pendiente de aclarar 79 millones 484 mil 385 pesos por falta de la evidencia de contratos de honorarios de las nóminas pagadas.

La ASF pide al gobierno estatal aclare y proporcione los documentos comprobatorios o reintegre el monto a la Tesofe.
En los recursos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, la ASF encontró que pagaron medicamentos con precios en exceso.

Los Servicios de Salud de Sinaloa, señala, pagaron 124 mil 600 pesos en exceso a los precios de referencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud pagaron indebidamente, con recursos de 2020, los retroactivos de sueldos del ejercicio fiscal 2019 por un monto de 123 mil 300 pesos.

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría reintegró el dinero.

Del programa Escuelas de Tiempo Completo devolvieron a la Tesorería 608 mil 800 pesos que no fueron comprometidos o pagados.

En el ejercicio de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades la ASF presume un daño a la Hacienda Pública por un millón 295 mil 936 pesos que no fueron comprometidos o pagados ni se reintegraron a la Tesorería.

En Navolato la ASF encontró irregularidades en los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función.

La ASF detectó una póliza que ampara un oficio emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para informar al municipio sobre la autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la compra del material de guerra por un millón 386 mil 300 pesos.

“Se verificó que el Municipio de Navolato, Sinaloa, transfirió éstos recursos del FORTASEG 2020, el 23 de septiembre de 2020, a la cuenta indicada de la Secretaría de Administración y Finanzas para la compra de municiones y armamento, insumos que a la fecha de la revisión (31 de agosto de 2021) no fueron entregados por el estado, ni se cuenta con la factura emitida que ampare los insumos pagados o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por tratarse de recursos no devengados; así como con el instrumento jurídico que estableciera los compromisos y condiciones de entrega, asegurando las mejores condiciones; por lo que, tampoco se dio cumplimiento a las metas programadas”, señala.

La ASF también auditó la Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 103 Sucursales Bancarias para el Banco del Bienestar.

En la revisión encontró que en 22 estados, entre ellos Sinaloa, no gestionaron las acciones necesarias para que las sucursales del proyecto contaran con el equipamiento permanente ni con los servicios básicos de agua potable, acometida eléctrica, alcantarillado sanitario y de las tecnologías de información para realizar la conexión de estos servicios.

“Relativo a la construcción de 103 sucursales del Banco del Bienestar, se observó que la entidad fiscalizada no realizó ni obtuvo, antes del inicio de los trabajos, ante las autoridades competentes, los trámites, permisos, licencias (excepto las sucursales de Sucila y Tekax de Álvaro Obregón en Yucatán que sí cuentan con licencia de construcción) y derechos de los inmuebles sobre los cuales se realizarían las obras; asimismo, tampoco se cuenta con documentos que comprueben la certeza jurídica de posesión de los inmuebles sobre los cuales deberían ejecutarse las obras, ni de la disposición de los inmuebles a la SEDENA”, señala el documento.

Artículo publicado el 27 de febrero de 2022 en la edición 996 del semanario Ríodoce.