La escasa claridad en la inversión de los proyectos deportivos ha sido un tema señalado por los diputados de Morena

El gasto discrecional del gobierno estatal en estadios es el otro tema que llegó a la Junta de Coordinación Política del Congreso local, tras tomar la decisión de solicitar una auditoría específica al fideicomiso del SNTE 53 y la renta de la Unidad de Servicios Estatales (USE).

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La poca claridad en la inversión de los inmuebles deportivos ha sido un tema que Morena ha señalado desde la anterior Legislatura. De acuerdo a las estimaciones de los diputados, de 2011 a 2018 el gobierno estatal habría gastado al menos mil 055 millones de pesos bajo el concepto de mejoramiento a la infraestructura deportiva.

Dichas construcciones han sido señaladas por su opacidad, pese a los gastos millonarios de inversión con recursos públicos pero para beneficio de empresarios.

Se señala que en Mazatlán se benefició a la familia del fallecido exgobernador Antonio Toledo Corro; en Ahome, al exdirigente del PRI en Sinaloa, Joaquín Vega Acuña. En ambos proyectos se gastaron 667 millones de pesos entre 2017 y 2018.

Además, la inversión en estadios ha tenido como característica el no cumplir con la normatividad en obras públicas, al no estar incluida en algún programa anual o planeación previa, como ocurrió con la inversión de más de 500 millones de pesos para la construcción del estadio de futbol profesional de Mazatlán.

Al término de su construcción se sumó además la celebración de un contrato, calificado por Morena como leonino, para usufructo de un equipo de futbol del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, sin que significara un beneficio para la hacienda pública.

Por el contrario la obra ha significado mayores gastos, como fue la inversión para una posterior instalación de elevadores, el contrato de la Secretaría de Turismo por 15 millones de pesos para la instalación de publicidad en el estadio y la construcción de una unidad deportiva para el desarrollo de fuerzas básicas en terrenos aledaños, pese a que ésta última inversión debía ser aportada por Grupo Salinas Pliego.

Otro caso de la opacidad es el estadio de futbol en Culiacán, construido en 2003 y que el Congreso local concesionó en 2004 a la empresa Estadios de Sinaloa, entonces propiedad de Eustaquio de Nicolás, ex directivo de Homex. Según el decreto, la concesión vencería en 2018. Y lejos de esclarecer su posesión, el gobierno estatal aplicó 70 millones de pesos en el estadio.

La obra fue adjudicada por el gobierno estatal a las empresas asociadas PROSECO Construcciones SA de CV y Puente Negro Constructora SA de CV mediante el contrato OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1603B-2018 por 57 millones 453 mil pesos.

La ASE detectó irregularidades en la integración del expediente: Tenía deficiencia de documentación tal como el mercadeo de materiales e insumos para la elaboración del presupuesto base, programas de obra, personal, maquinaria, suministros, entre otros.

Ya desde abril de 2019, la entonces presidente de la Comisión del Deporte, Yeraldine Bonilla, demandó a la ASE una auditoría al estadio de futbol que se había llamado Carlos González y González y después Banorte, para investigar la situación irregular de la concesión, y la aplicación de recursos públicos en su remodelación.

En los informes de la cuenta pública de 2019, la ASE encontró irregularidades en la aplicación de los recursos para la remodelación de los estadios. Las constantes eran volúmenes pagados en exceso de conceptos de obra no previstos en el catálogo, expedientes de obras integrados de forma incompleta y faltantes previstos en el proyectado pactado.

Algunos ejemplos que la ASE detectó en la cuenta pública de 2019 en el estadio Kraken, fue la adjudicación directa a las empresas asociadas Meprosa Construcciones SA de CV, Dunn Arquitectura Ligera SA de CV y Mecanizaciones y Proyectos SA de CV mediante contrato CONT-SOP-LP-EP-118-2017 por un importe de 459 millones 633 mil pesos.

La ASE reportó en su informe que existían irregularidades en la obra por 169 millones 172 mil pesos, derivado de una inadecuada supervisión, ya que se incluyeron pagos por volúmenes de obra pagados en exceso por 297 mil pesos, y volúmenes de conceptos de obra pagados con precios unitarios no previstos en el catálogo del contrato por 168 millones 874 mil pesos.

Además de las obras de remodelación que se realizaron durante la gestión gubernamental de Quirino Ordaz en el estadio de futbol Dorados en Culiacán, el estadio de beisbol “Emilio Ibarra Almada” en Los Mochis y el “Teodoro Mariscal” en Mazatlán.

Las empresas contratadas por el gobierno estatal para la remodelación de los estadios incumplieron en la terminación de los plazos contratados. Sus expedientes de obras estaban incompletos y recibieron pagos por obra no realizadas.

La empresa Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente SA de CV incumplió los términos del contrato que obtuvo mediante la adjudicación de obras de remodelación en los estadios de Mazatlán y Los Mochis.

La opacidad en los estadios ha motivado en la nueva Legislatura a que la Junta de Coordinación Política apunte a un acuerdo para hacer una auditoría, sobre todos los estadios y su inversión pública.

Artículo publicado el 20 de febrero de 2022 en la edición 995 del semanario Ríodoce.