El coordinador del Grupo Elite de la Policía Estatal Preventiva, Níquel, involucrado en los hechos en los que dos mujeres fueron asesinadas por agentes en Sanalona, enfrentará un juicio oral luego de que la jueza rechazó suspender el proceso penal.
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Por este mismo caso, el agente Joel Noé, enfrenta un juicio que inició el 3 de noviembre del año pasado y a la fecha no ha concluido; y el policía Luis Antonio fue vinculado a proceso en agosto del año pasado y está en investigación complementaria.
El padre y tío de las víctimas difundió una carta en la que pide al reino y al gobierno de España negar el beneplácito al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel porque en su administración predominó la corrupción y la impunidad, aunque el viernes se dio a conocer que ese país dio el beneplácito al mazatleco.
El comandante Níquel está acusado del delito de abuso de autoridad porque no separó a los agentes que dispararon y a las víctimas que sobrevivieron las mantuvieron incomunicadas y privadas de su libertad durante alrededor de nueve horas.
Las víctimas Ana Carolina y Andrea fueron asesinadas por elementos que estaban bajo su mando y les dispararon sin motivo alguno en el templete de la presa Sanalona, perteneciente al municipio de Culiacán, el 27 de enero de 2020.
Los agentes alteraron la escena del crimen, sembraron una pistola, y pusieron pólvora en las manos de las víctimas para simular que se había tratado de un enfrentamiento.
La semana pasada, sus abogados solicitaron una suspensión condicional del proceso pero fue negada por la jueza y decidieron enfrentar un juicio oral.
Al iniciar la audiencia, el abogado Luis Fernando Gómez, dijo a la jueza Dulce María Villegas, que cumplían con los requisitos para que concediera la suspensión.
Como medidas propuso que el policía residiría en un lugar determinado y se sometería a la vigilancia que la jueza estableciera.
Mencionó que no ofrecían pago de reparación del daño porque ya fue pagada en la suspensión condicional que le concedieron por otro delito.
El imputado, dijo, ya reconoció y aceptó los hechos.
La Fiscal Marlén Medina pidió a la jueza no otorgar la suspensión porque en noviembre ya obtuvo una por otro delito dentro de la misma causa.
Señaló que deben pasar dos años para que pueda obtener otra suspensión del proceso y la anterior fue apenas en noviembre pasado.
La jueza negó la suspensión, porque dijo, no existe la posibilidad de contar con dos suspensiones a la par.
“No es procedente la suspensión condicional del proceso”, manifestó.
Tras la negativa, decidieron enfrentar un juicio por lo que celebraron una audiencia intermedia que concluyó con el auto de apertura de juicio oral.
La fiscal, Rosa Medina, aseguró que cuentan con las pruebas suficientes para demostrar que el comandante cometió el delito.
Durante el juicio la Fiscalía llevará a declarar a más de 30 personas entre policías estatales, peritos, investigadores y familiares de las víctimas.
También darán lectura a una declaración ministerial que dio en 2020 el entonces director de la PEP, Joel Ernesto Soto, asesinado a balazos en mayo de 2021.
El comandante inicialmente también estaba acusado del delito de encubrimiento por favorecimiento y delitos cometidos por servidores públicos.
El primer delito la Fiscalía General del Estado se lo retiró porque en la investigación determinó que la escena del crimen sí se alteró pero el comandante no tuvo intervención.
Por delitos cometidos por servidores públicos, en noviembre pasado la jueza Dulce María Villegas, le concedió la suspensión condicional del proceso.
Como condiciones el comandante debe pagar como reparación del daño 360 mil pesos a cada una de las víctimas, ofrecer una disculpa pública y está impedido a ocupar un cargo público durante seis meses.
José Alonso Aispuro, padre y tío de las dos jóvenes asesinadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, pidió al gobierno de España negar el beneplácito a Quirino Ordaz Coppel.
En una carta dirigida al rey Felipe IV y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, señala que las cualidades del ex gobernador no abrigan la confianza de que sabrá cumplir las altas funciones que le han encomendado.
“Existen motivos y razones suficientes, para negarle las cartas credenciales y no dar el beneplácito al ex gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, designado por el Gobierno Mexicano para representarnos en España, como Embajador. Como Gobernador de Sinaloa predominó la corrupción. La impunidad en feminicidios y muchas cosas más”, señala.
En el escrito menciona que el 27 de enero de 2020 policías Estatales asesinaron a su hija Carolina, de 18 años, y a su sobrina Andrea, de 20 años, en Sanalona.
En el crimen están involucrados dos agentes más que están prófugos con orden de aprehensión; y Joel Noé y Luis Antonio que están detenidos.
En noviembre del año pasado empezó el juicio oral contra Joel Noé y a la fecha no ha terminado. Hasta la semana pasada no habían concluido de declarar los testigos de la defensa.
Los testigos de la Fiscalía ya declararon todos, entre ellos los agentes que iban en el mismo convoy que los policías que dispararon, sin embargo todos dijeron no recordar lo que había ocurrido ese día porque ya había pasado mucho tiempo y desde entonces han participado en muchos otros operativos.
Al juicio también acudieron a dar su declaración, Dulce María y Julio César, quienes viajaban junto con Ana Carolina y Andrea cuando les dispararon.
Además rindió su declaración una mujer que se encontraba en el templete de la presa cuando las jóvenes fueron asesinadas.
La testigo dijo que desde una de las patrullas dispararon al automóvil en el que viajaban las víctimas.
Artículo publicado el 30 de enero de 2022 en la edición 992 del semanario Ríodoce.