Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI capitalino acusado del delito de trata de personas, fue trasladado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) informó que “derivado del perfil del imputado, particularmente por su posible capacidad económica que podría facilitar actos de corrupción, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial llevar a cabo el cambio de su lugar de reclusión a un penal de máxima seguridad”.
El llamado “Rey de la basura” salió del reclusorio ubicado en la alcaldía Iztapalapa la madrugada de este lunes. Fuertemente custodiado por integrantes de un agrupamiento especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue llevado rumbo al penal conocido como de “máxima seguridad” del país, informó Proceso.
La FGJCDMX informó que, para realizar dicho traslado, “se ponderó la protección de las víctimas, a efecto de inhibir un posible riesgo en su integridad”.
La autoridad argumentó también la “saturación del sistema penitenciario” de la CDMX como causa para cambiar a Gutiérrez de la Torre, “en vías de que continúe su proceso penal en un centro de internamiento de mayor envergadura”.
El exlíder del priismo en la capital recibió el auto de formal prisión, de acuerdo con el sistema penal anterior, el pasado martes 4 de enero, por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa. De acuerdo con la investigación en su contra, esos delitos se cometían dentro de las instalaciones del PRI-DF y con recursos públicos.
El exdiputado local fue capturado en un domicilio de la alcaldía Tlalpan, luego de meses de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La autoridad reabrió la investigación que hizo la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina -a cargo de Rodolfo Ríos-, en la que detectó que hubo diversas omisiones e irregularidades.