“Vamos por la auditoría forense, para frenar saqueos”: César Guerrero

La Auditoría Superior del Estado (ASE) remitió al Órgano Interno de Control (OIC) el pliego de irregularidades en las que presuntamente incurrió la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno y Ana Elizabeth Ayala Morales, alcalde y tesorera de Ahome, respectivamente, en el trienio 2018-2021 para su investigación y posible sanción. Ambos ex funcionarios municipales son ahora diputados federales.

Fausto Rubén Ibarra Celis, director del OIC, confirmó el caso y aseguró que la indagatoria ya se inició conforme a sus obligaciones y atribuciones, pero se reservó los casos específicos y los nombres de otros funcionarios involucrados para mantener el derecho al justo proceso y a la presunción de inocencia, además de que hasta ahora sólo se tiene una suposición y no un dictamen de responsabilidad o culpabilidad.

Sin embargo, dijo que la notificación acaba de ocurrir y se trata del primer ejercicio del gobierno municipal que data del año 2018-2019 y de cuentas públicas que fueron reprobadas por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Estado y que por ello tienen un retraso.

“Es un asunto que tomó un sesgo en el Congreso, que se dio un tiempo para subsanar las observaciones y concluido este se remite un nuevo pliego de observaciones. Creo que hay un tiempo breve para emitir un juicio y le estamos dando prioridad al caso, porque los plazos se acortaron por el mismo procedimiento que se alargó”.

Ibarra Celis fue receloso en reservarse mayores datos de las notificaciones que la ASE realizó a la comuna para que instauren los procedimientos de investigación.

Sin embargo, la versión pública encontrada en la página de transparencia del Congreso de Sinaloa establece que se encontraron irregularidades con la obra pública y manejo financiero.

En obra pública se detectaron expedientes de edificación con fechas de inicio, conclusión y óptima operación pero sin origen de recursos y estructura financiera, y no se especifica el dominio sobre la posesión, expropiación, donación, adquisición o uso de suelo. Otra irregularidad detectada por la ASE es la opacidad de los comités de obras, porque no cuentan con manuales, ocultan la sesión en el sitio oficial de Compra Net, no garantizan la participación de testigos sociales en una licitación de una construcción que rebase en 40 mil veces el valor de la Unidad de Medición y Medida, y no publica las invitaciones a cuando menos tres personas en los concursos.

La ASE también detectó que Obras Públicas no informó al OIC el inicio de obras y no controló pagos por volúmenes de obra en exceso y no ejecutados, no controló las especificaciones de control de obra, mala calidad y que las iniciadas se concluyeran y estuvieran en operaciones, así como no garantizó las pruebas de concreto.

Por su parte, el diputado por el tercer distrito electoral en la Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura, César Ismael Guerrero Alarcón, vocal en la Comisión de Fiscalización, aseguró que a las revisiones de la ASE le faltan dientes y uñas para evitar el saqueo de los erarios por administraciones corruptas, o que los sujetos obligados aprovechen vacíos en la legislación aplicable, reglamentos utilizados y en procedimientos amañados.

Incluso, al control de la ASE le falta profundidad por lo que estudia una modificación a la ley para que las auditorías sean forenses y no de mero trámite, sin consecuencias, consideró.

“La Comisión de Fiscalización debe de ir más allá, al día, no se trata de estar dos años atrasados, sino al día, en tiempo, forma y real, para prevenir que las administraciones entrantes subsanen errores y omisiones de las anteriores. Tenemos que darles garantía a los ciudadanos de que los funcionarios tendrán consecuencias en el mal manejo de los recursos”, consideró el fiscalista de profesión y especialista en auditorías.

“Hoy se exigen respuestas, hoy todo queda en el limbo en el mal manejo del erario por los funcionarios. La propuesta es la auditoría forense que de elementos firmes, concretos para que se instauren los procedimientos formales y legales para sancionar al responsable y evitar que continúe malversando el dinero del pueblo a placer”.

Guerrero Alarcón reveló que mantiene un análisis para presentar una reforma con la que la Comisión de Fiscalización tenga más peso, influencia y efectos legales dentro de la ASE y del ´nuevo órgano interno de revisión.

“Debemos avanzar hacia mejores órganos de control financiero, de revisión de las cuentas públicas, de transparencia, para cortar el paso a la corrupción hasta lograr que el pueblo realmente controle al funcionario y sea éste quien defina las acciones en contra de los malos actores”, opinó el legislador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Artículo publicado el 09 de enero de 2022 en la edición 989 del semanario Ríodoce.