Por omisión de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de investigar la denuncia administrativa por faltas graves detectadas en la operación de Precasin, Iniciativa Sinaloa presentó un juicio de amparo contra el gobierno estatal.
Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, explicó que se trata del primer juicio de amparo por omisión del Gobierno de Sinaloa presentado por una organización de la sociedad civil tras una resolución de la Suprema Corte que reconoce el interés jurídico de la ciudadanía en casos relacionados con corrupción.
La presentación del juicio de amparo indirecto fue presentado por la agrupación Iniciativa Sinaloa en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción.
En conferencia de prensa, recordó que el pasado 27 de febrero de 2020, Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) del Gobierno de Sinaloa para que investigara y deslindara responsabilidades por las irregularidades detectadas en la investigación periodística Precasin, la caja negra del Gobierno de Sinaloa.
El juicio de amparo presentado señala la omisión de la autoridad en la denuncia administrativa por faltas graves detectadas en la operación de Precasin, la constructora de estado utilizada en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, mencionó.
La dirigente de la agrupación, acompañada de Daniel Elizondo, asesor jurídico, lamentó que hasta la fecha se desconoce la etapa en la que se encuentra la denuncia ciudadana que debe resolver la STyRC del Gobierno de Sinaloa.
Junto a la investigadora de Iniciativa Sinaloa, Miriam Ramírez, señaló que se recurrió ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar la protección de la justicia federal y buscar que obligue a la STyRC a dar contestación y trámite a la denuncia.
Precisaron que de acuerdo con los hallazgos de la investigación, entre 2017 a 2019 la constructora estatal gastó más de mil 227 millones de pesos con márgenes de transparencia ínfimos, alejados de los que exigen las licitaciones públicas.
Miriam Ramírez precisó que Precasin subcontrató y fraccionó obra, acciones con las que podría haber violentado la Ley de Obras Públicas y Servicios de Sinaloa. Se documentó que cada obra fue dividida en tramos para que las facturas no rebasaran el millón 350 mil pesos y hacer pasar la subcontratación como una compra simple
Abundó que Precasin endosó sus facultades y obligaciones de construcción a terceros a través de compras de administración y contratación de nómina privada, compra e instalación de asfaltos, ejecución de las obras, arrendamiento de maquinaria y acarreo de materiales.
Las empresas privadas fueron subcontratadas para ejecutar obra pero sus servicios se registraron contablemente como una compra simple, indicó.
Los representantes de Iniciativa Sinaloa confiaron que el juicio de amparo que presentaron en el caso de la denuncia de Precasin marque un precedente que podría disminuir la posibilidad de que los casos de corrupción que se detecten queden impunes.
