La primera asamblea informativa para el ejercicio participativo de la planta de fertilizantes en Topolobampo se desinfló y no generó interés entre la población de San Miguel Zapotitlán, en tanto que funcionarios federales afirmaron que la nave petroquímica aún está en duda.
Justo antes de concluir, los asistentes abandonaron la techumbre del Colegio de Bachilleres número 5 de esa sindicatura, a donde se convocó.
Las personas no hicieron una sola pregunta sobre el tema a los tres oradores, incluyendo al alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros.
Cricelia Sánchez Luque, opositora al proyecto, ganó adeptos y fue quien más aplausos recibió de la concurrencia, al establecer que los yoremes no se oponen a la industria de fertilizantes, sino a que la construyan en un lugar que afectará la vida marina, el entorno de las aves y hará improductiva la tierra, y peor aún, generará más pobreza que riqueza porque los empleos que ofrecen los capitalistas son para peones y obra negra, eventuales y no permanentes.
Y citó, que el ejemplo es la planta eléctrica Iberdrola en Choacahui, que sí produjo empleo, pero temporal. Hoy ¿cuántas personas de San Miguel trabajan en Iberdrola?, preguntó. Y se respondió: Ninguna.
Denunció que los industriales a través de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y el gobierno federal, estatal y municipal engañan a la comunidad con información errónea.
Benito Mirón López, Director General de Participación Social de la Secretaría de Gobernación, aclaró que el ejercicio participativo sólo es para conocer la opinión de la población. Y no es propiamente una consulta, ni una consulta indígena, puesto que esta depende de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que Alejandro Mario Olivera Toro Maya, subdirector del Sector Primario de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) reveló que el proyecto no está del todo definido porque están por analizar pros y contra y en ello caben tres respuestas, un sí, una afirmación condicionada a remediación o un rechazo.
En tanto que Vargas Landeros mencionó que la empresa cuenta ya con todos los permisos, incluyendo los municipales, por lo que insistió en que la población debe aprobarla con el sí en la consulta, aunque dijo que no pretendía influir en esa decisión.
