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Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa, sin dientes ni filo

FISCAL ANTICORRUPCIÓN. Elogio de la simulación.

La promesa de combatir la corrupción quedó solo en palabras

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Sinaloa abre carpetas de investigación y las cierra sin llevar a los acusados a los tribunales.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General del Estado enviado al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en el último año ninguno de los servidores o exservidores públicos denunciados llegó ante el juez.

Lea: Fiscal Anticorrupción evade responsabilidades en caso de Armando Villarreal https://bit.ly/2XshAEL

La Fiscalía Anticorrupción tenía 15 expedientes abiertos por seis denuncias y nueve carpetas de investigación.

Los agentes del Ministerio Público resolvieron 11 con la abstención de investigar o determinaron el no ejercicio de la acción penal.

Según el documento, siete expedientes se resolvieron con el no ejercicio de la acción penal, tres con la abstención de investigar y uno con la extinción de la pretensión punitiva por prescripción.

La Fiscalía dio a conocer que actualmente solo tiene un proceso penal en trámite. De las tres carpetas restantes no dio a conocer el estado en que se encuentran.

La dependencia da trámite a las denuncias por desempeño irregular de la función pública, peculado, fraude, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, negociaciones ilícitas, delitos cometidos por servidores públicos, entre otros conocidos como delitos de corrupción.

La Fiscalía presume que obtuvo una sentencia absolutoria, en la que se celebró un convenio entre la parte ofendida y la parte acusada para la reparación del daño con un pago de 2 millones de pesos.

Ese caso se refiere al del exsecretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, el exdirector de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y al exauxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Los tres ex funcionarios estaban acusados de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por el presunto desvío de 263 millones de pesos, con 112 transferencias electrónicas durante los últimos seis meses del sexenio de Mario López Valdez.

Para llegar al convenio, tanto la Fiscalía como la defensa y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, allanaron el camino para que pudiera ser aprobado por la jueza, que en una de las audiencias, además de ilegal, lo consideró inmoral.

“Maliciosamente se suprimió el delito de mayor penalidad”, “poco a poco fueron derribando las barreras y los obstáculos que impedían la suspensión”, dijo la jueza el día que aprobó el convenio.

Durante el último año los agentes del Ministerio Público que integran la Fiscalía Anticorrupción se dedicaron a capacitarse según los documentos.

El informe señala que recibieron el Diplomado Regulación Digital y Desarrollo Tecnológico con enfoque en prevención de lavado de dinero, delitos fiscales y financieros y anticorrupción, Curso de preparación para el examen de conocimiento del Sistema Penal Acusatorio para agentes del Ministerio Público, defensora o defensor público y asesora jurídica y asesor jurídico, Curso de Extinción de Dominio, Certificación Aspectos Generales sobre el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio, y Curso de Preparación para la Evaluación de Habilidades como Agente del Ministerio Público.

Para la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlén León Fontes, la Fiscalía Anticorrupción no está haciendo su trabajo y lo poco que hace no lo está haciendo bien.

“Vemos una Fiscalía Anticorrupción que no está funcionando, que está de adorno, que de 15 expedientes solo uno haya terminado en sentencia absolutoria es lastimoso, es grave, da una muestra de que no están haciendo su trabajo”, dijo.

Mencionó que el Congreso debe llamar a comparecer al Fiscal General y a la Fiscal Anticorrupción para que den cuenta del trabajo de los casi cuatro años que tienen la Fiscalía Anticorrupción.

Señaló que la dependencia debe transparentar y dar a conocer de qué se tratan los 15 casos, sobre todo las seis denuncias e informar si fueron presentadas por ciudadanos, las inició de oficio o fueron turnadas por alguna dependencia.

“Nos interesa saber cuáles son esas investigaciones que decidieron no ser investigadas, que decidieron no ejercer la acción penal, si realmente fue porque no se encontraron elementos, si fue así que lo transparenten, de lo contrario lo que vemos nosotros es que ya vamos a tener una Fiscalía con una Fiscal Anticorrupción que a cuatro años no está haciendo su trabajo, lo poco que está haciendo no lo está haciendo bien, nos está quedando a deber a los sinaloenses”, dijo.

Manifestó que “van a cumplir cuatro años y su trabajo está muy por debajo de lo que esperábamos, ya pasó su tiempo de prueba de darle voto de confianza, entonces creo que debemos empezar a exigirle que transparente sobre todo estas carpetas”.

Sobre la sentencia absolutoria en el caso de los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, consideró que fue una burla para los sinaloenses.

Se trató de un desvío de 263 millones de pesos que la Fiscalía no investigó a dónde terminó ese dinero y acordó solo el pago de 2 millones de pesos, indicó.

“Vimos aquí una Fiscalía Anticorrupción aval de estos pactos de impunidad, de acuerdos, entonces es un chiste tener una Fiscalía Anticorrupción que no está funcionando, está de adorno”, expresó.

En febrero de 2018, días después de rendir protesta como Fiscal Anticorrupción, en una entrevista con Ríodoce, Reyna Angulo Valenzuela dijo que sentaría un precedente en el estado en combate a la corrupción.

“Lo que he observado desde que llegué a Sinaloa, principalmente es la laceración de la ciudadanía, la exigencia de la sociedad sinaloense de que se haga justicia, que se meta a la cárcel a los corruptos”, señaló.

Aseguró que no temía llevar a los tribunales y meter a la cárcel a los corruptos porque “a alguien le tocaba hacerlo y tengo la fortuna de que me tocó a mí, no debemos tener temor a lo que nosotros mismos exigimos como ciudadanos de cambio”.

A más de tres años, ningún servidor o ex servidor público ha llegado a la cárcel.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2021 en la edición 977 del semanario Ríodoce.

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