Por las recomendaciones y observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización no aprobó los informes de las cuentas públicas de los 18 municipios del año fiscal 2019.
Los diputados tomaron como base los dictámenes que dejaron listos los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la anterior Legislatura sobre los informes que había entregado la Auditoría Superior del Estado.
Los informes no aprobados incluyeron los correspondientes a los municipios gobernados por los alcaldes de Morena, de Culiacán con Jesús Estrada Ferreiro; de Mazatlán con Luis Guillermo Benítez Torres; Guasave, María Aurelia Leal; y Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno.
En una larga sesión de trabajo se prolongó por más de cinco horas el presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo, hizo énfasis en que le tocaba un análisis inédito, ya que por las reformas recientemente realizadas a la Ley de la Auditoría del Estado, ahora le tocará darle seguimiento a un trabajo que habían iniciado los anteriores integrantes de la referida comisión.
En el informe de la cuenta pública de Mazatlán, los diputados señalaron un subejercicio del gasto por 136 millones, el registro de pasivos sin fuente de pago por 19 millones, la falta de recuperación de un préstamo por 14 millones al Instituto Municipal de Turismo, entre otras observaciones.
Sobre el caso del informe de la cuenta pública de Culiacán, los legisladores destacaron que la ASE encontró insuficiencia de recursos para pagar 315 millones de pesos, la ausencia de inventario de bienes muebles e inmuebles, una diferencia de un millón 841 mil pesos en los registros contables y el inventario del Taller Municipal, lo omisión de enterar al IMSS 857 mil pesos, la ausencia de tabuladores de sueldos, el pago de sobresueldos a regidores y por riegos laboral al alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la sindica procuradora.
El informe de la cuenta pública de Ahome fue rechazado porque los pasivos sin fuente de pagos ascendieron a 31 millones de pesos, la omisión de documentación justificativa del pago de 40 mil pesos en boletos de avión y servicios de hospedaje para un evento con el presidente de la República, la adjudicación directa de los contratos de obra pública, entre otros.
