La gente de Sinaloa ha padecido el dispendio, la frivolidad y la discrecionalidad hecha gobierno durante el mandato de Quirino Ordaz Coppel, acusó la diputada Graciela Domínguez Nava.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena aseguró que  lo dicho como autoelogio por el mandatario estatal, el día que entregó su último informe de gobierno ante el Poder Legislativo,  queda muy lejos de lo que percibe la gran mayoría de los sinaloenses.

Al participar durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente afirmó que no hubo ni el atisbo de un reconocimiento de problemas y rezagos graves como el colapso de la justicia local, la persistente inseguridad y su violencia, la impunidad que ronda al cien por ciento, y los onerosos regalos a empresarios millonarios en medio de la pobreza de miles.

Entre los puntos del mal gobierno de Ordaz Coppel señaló el recurrente deterioro salarial, la ausencia del combate y sanción a la corrupción, su falta de compromiso con la transparencia, sus proyectos de presupuestos sin orientación social, así como el despilfarro e ilegalidad en publicidad gubernamental solo para producir encuestas a modo.

Los mil 905 millones de pesos, dijo, que hasta el 30 de junio pasado se han gastado inútilmente en la imagen personal para aparentar ser el mejor gobernador del país habrían auxiliado con oxígeno a los cientos de personas que siguen convaleciendo de la pandemia de Covid-19 en sus hogares.

La diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización recordó las inéditas resistencias a las cuentas pública desfavorables, incluidas las de entes ajenos al Gobierno del Estado, la oscuridad del uso de 6 mil millones de pesos de préstamos bancarios a corto plazo en los últimos años.

Cuestionó además que mientras el gobierno de Ordaz Coppel le apostó a los negocios privados con dinero público se siguen viendo los contrastes como el caso de los comuneros de la presa Santa María que no cuentan con su pueblo, a pesar de haber contado con recursos etiquetados en los últimos tres años.

En materia de transparencia, reclamó una explicación pública sobre el uso que se le dio a 22 millones 300 mil pesos obtenidos por la venta de la Casa de Gobierno, sobre la cual existe un decreto para destinar los recursos al sector salud.