Ineptitud y locura criminal en los cuerpos policiacos

Jorge Arturo y Luis Antonio fueron detenidos la semana pasada. Ambos son policías estatales. El primero de la Policía Estatal Acreditable y el segundo del grupo Elite. Los dos están presos por asesinar mujeres.

Ellos son dos de los siete agentes estatales involucrados en cuatro feminicidios de 2019 a la fecha en el estado.

Para el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses la masculinidad violenta, sumada al privilegio del uniforme y el arma, ha resultado en hechos sumamente lamentables, tanto en la comunidad como dentro de las familias de los propios agentes.

“Existe un número muy importante de casos de violencia familiar que involucran a agentes policiacos, los cuales se han minimizado y por ende desatendido con consecuencias fatales”, señaló el colectivo en un pronunciamiento.

El último feminicidio cometido por un policía fue perpetrado por Jorge Arturo “S”, agente de la PEP adscrito a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El crimen ocurrió la madruga del domingo 22 de agosto en su casa, en el fraccionamiento Urbivilla del Sol, en Culiacán.

Desde la noche del sábado, Jorge, su esposa y otro policía estatal empezaron a ingerir bebidas alcohólicas en su casa. Él traía el arma de cargo, una pistola Glock calibre 9 milímetros. En algún momento su esposa se la pidió y la guardó.

En el transcurso de la noche la esposa se metió a la casa y ya en la madrugada del domingo volvió a salir. Ahí fue cuando Jorge se alteró y empezó discutir con ella. La pareja se metió a la casa a discutir y el otro policía se quedó afuera. De repente la joven salió de la vivienda, tomó su moto y se fue a la casa de su mamá en el fraccionamiento San Isidro. Dejó a su hijo de dos años porque ya era muy tarde para traerlo en la calle en la moto.

Cuando llegó a la vivienda de su mamá Carolina, pidió un Didi para que la señora fuera a recoger al niño.

En el camino Carolina dijo al chofer que el viaje sería de ida y vuelta porque iba por su nieto a la casa de su yerno que “se la tira de cabrón porque es comandante de la Estatal”.

Cuando llegaron, bajó del carro y se metió a la casa. Mientras el chofer esperaba afuera de pronto escuchó un balazo. Carolina salió corriendo rumbo al vehículo pero no alcanzó a llegar, Jorge salió detrás de ella y le disparó al menos 10 veces.

El conductor de Didi se alejó del lugar pero sin retirarse del fraccionamiento y llamó a la persona que pidió el servicio para decirle que le habían disparado a la señora que había llevado a Urbivilla del Sol.

Su hija le marcó al policía que se había quedado en su casa con su esposo pero ya se había retirado. El agente fue por la joven y la llevó a su casa, donde estaban su esposo, su hijo y su mamá.

Al llegar observaron que afuera de la casa estaba Jorge cargando a su hijo de dos años caminando de un lado otro. En la calle estaba tirada Carolina. No se acercaron porque Jorge estaba armado. Solo lo veían de lejos.

Minutos después llegaron agentes de la Policía Municipal. Uno ellos le pidió el arma a Jorge y luego al bebé. Los entregó sin resistencia.

En el lugar los peritos recogieron 10 casquillos y una bala. En la necropsia determinaron que Carolina tenía ocho balazos.

Dos días después, el martes por la mañana, Jorge estaba en la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal acusado de feminicidio agravado por razón de parentesco.

El agente entró escoltado por dos policías procesales, con las manos esposadas hacia delante, vestido con pantalón de pijama, playera negra y tenis blancos.

Su esposa estaba en la sala y lo miró fijamente cuando recién entró. Él nunca volteó hacia donde se encontraba ella.

La jueza Dulce María Villegas consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado eran suficientes para presumir que cometió el delito y lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva.

Antes de Carolina hubo otras víctimas en manos de agentes estatales. En abril de 2019, un elemento de la PEP, asesinó a Denise. Era tío de su esposo. El policía disparó a quemarropa a la joven de 31 años mientras ingerían bebidas alcohólicas y fue detenido.

El 27 de enero de 2020, agentes del grupo Elite de la PEP asesinaron a Ana Carolina, de 19 años; y a Andrea, de 18 años, en el templete de la presa Sanalona.

En el homicidio la Fiscalía involucró a cuatro agentes y al comandante del grupo lo acusó de permitir que alteraran la escena de crimen.

El agente Joel Noé fue el primero detenido y está próximo a iniciar un juicio oral; el comandante del grupo, Carlos Alberto, sigue el proceso en libertad.

La semana pasada detuvieron a Luis Antonio, otro de los elementos que disparó; y otros dos policías siguen prófugos.

De acuerdo con la FGE los agentes dispararon sin motivo alguno en el que viajaban las dos jóvenes junto con Julio y Dulce María, que resultaron ilesos.

Para “justificar” la agresión, sembraron un arma y casquillos en la escena del crimen, inventaron una historia de un quinto pasajero que se dio a la fuga y pusieron pólvora en las manos de las víctimas para simular que ellas habían disparado.

Según los peritajes, Luis Antonio disparó tres balazos pero no está definido si esas balas son las que alcanzaron a las dos jóvenes por eso está acusado en grado de participación indeterminada.

La Secretaía de Seguridad Pública del Estado inició una investigación interna contra los cuatr agentes y los separó del cargo pero por haber faltado a su trabajo, no por el asesinato de las jóvenes.

El Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses señaló que “las corporaciones policiales de los distintos órdenes de gobierno reproducen dinámicas de masculinidad hegemónica, la forma de organizarse jerarquizada favorece el ejercicio de las distintas violencias tanto simbólicas como físicas, que no solo se van a reflejar al interior de éstas sino con quienes conviven en la comunidad y en sus familias”.

Mencionaron que la evaluación de control y confianza policial debe incorporar estándares con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de las mujeres y que los antecedentes de violencia contra las mujeres y las niñas sea un motivo para negar su ingreso y su permanencia policial.

Artículo publicado el 29 de agosto de 2021 en la edición 970 del semanario Ríodoce.