La Secretaría de la Función Pública (SFP) fiscaliza diversas adquisiciones que en 2020 hizo la Secretaría de Salud de medicamentos e insumos médicos para atender la emergencia de COVID-19.
De acuerdo con una publicación de La Jornara, los resultados de estas revisiones –obtenidas por el diario a través de la Plataforma Nacional de Transparencia– apuntan a que hubo compras de más de 3 millones de dólares –unos 60 millones de pesos– que se adjudicaron de manera directa sin justificación y que en las adquisiciones no se siguieron los procedimientos que dicta la ley.
Las auditorías hechas a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Ssa –que representa a la SFP al interior de la dependencia con la finalidad de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción– encontraron irregularidades e incumplimento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La auditoría 18-21 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Covid-19, cuyos resultados preliminares fueron reportados por el OIC en junio de 2021, señala que el año pasado la DGRMSG suscribió 122 pedidos relacionados con la adquisición, distribución y almacenaje de medicamentos y equipo médico para atender la emergencia a solicitud del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero que no presentó la documentación que acredite que hizo los estudios de mercado que ordena la legislación antes de hacer las compras.
Señala que en esos 122 pedidos y en otros cinco contratos por 159 millones 673 mil 561 pesos la Ssa “no proporcionó evidencia documental que acredite” que esas compras se derivaron de las solicitudes del Insabi.
Pisa, uno de los laboratorios beneficiados
También se corroboró que 12 de los 122 pedidos no fueron registrados en el Sistema Compranet de la SFP, pese a que la ley dispone que se debió haber hecho. Cabe señalar que entre esta docena de contratos no registrados hay dos otorgados a Laboratorios Pisa, SA de CV, farmacéutica vetada por el gobierno federal e inhabilitada en octubre pasado por la SFP para celebrar contratos públicos.
Otros siete contratos formalizados por la Ssa por 31 millones 739 mil 161 pesos tampoco fueron dados de alta en Compranet en tiempo y forma, según la fiscalización.
La SFP también detectó inconsistencias en los contratos DGRMSG-DCC-S-022-2020 y DGRMSG-DCC-S-026-2020, que fueron adjudicados directamente para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia por un importe de 3 millones 107 mil 600 dólares y un millón 713 mil 161 pesos, respectivamente.
El primer contrato fue otorgado a la empresa Aerovías de México, SA de CV, pero no se localizó la documentación indispensable que se requería para la compra, ni una investigación de mercado que justificara la selección de este proveedor, ni el oficio que sustente la suficiencia presupuestal para hacer la adquisición, entre otras irregularidades.
En la misma situación está el segundo contrato, hecho con la empresa Hepesa Mantenimientos y Remodelaciones, SA de CV.
