Nuevas evidencias en contra de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García entregaron fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Corte federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.
Entre las pruebas presentadas al juez federal Brian Cogan se cuenta con información que entregó a los fiscales el gobierno de Colombia sobre los tres principales asesores del ex presidente Felipe Calderón en materia de seguridad y operaciones de Seguridad Pública y Policía Federal, de acuerdo a la agencia Apro.
En una carta firmada por la fiscal Jacquelyn M. Kasulis y dirigida al juez Cogan, con copia a César de Castro, abogado de oficio de García Luna, amigo, asesor, mano derecha y ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, los fiscales denotan la entrega de ocho tipos de evidencias.
“Estados de cuenta financieros, registros de propiedades, documentos del Departamento de Seguridad de Autopistas y Vehículos de Motor del estado de Florida, documentos entregados por el gobierno de Colombia, información obtenida de aparatos electrónicos (de García Luna), documentos clasificados y declaraciones de Cierto Individuo”, se lee en la misiva que junto con la información enviaron los fiscales a Cogan.
La recopilación de información, evidencias y declaraciones forma parte del proceso de preparación de juicio contra García Luna, cuya próxima audiencia está programada para el 25 de agosto.
Estados Unidos acusa a García Luna de conspiración para traficar drogas a ese país en colusión con una de las fracciones del Cártel de Sinaloa, cuando fungía como alto funcionario en el gobierno de Vicente Fox, en el de Calderón y posteriormente ya como ciudadano privado.
Además, el Departamento de Justicia acusa a García Luna de mentir bajo juramento a las autoridades migratorias mexicanas; Cárdenas Palomino y Pequeño García, también están acusados por Estados Unidos en complicidad con el Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas.
Cárdenas Palomino, quien fuera detenido y encarcelado recientemente en México acusado de tortura por el caso Florence Cassez e Israel Vallarta, al igual que Pequeño García, son prófugos de la justicia estadounidense, pero con solicitud de extradición al gobierno de México.
El Departamento de Justicia la hace notar al juez en la carta que la defensa de García Luna, en reciprocidad, debe presentar las evidencias que tenga en su poder y que haya descubierto recientemente para sustentar la disputa legal de inocencia.
Al juez la fiscal Kasulis y sus colegas involucrados en el caso, Ryan Harris, Hiral Mehta, Philip Pilmar y Marietou Diouf, le explican que los documentos que les entregó el gobierno de Colombia se lograron por medio del Tratado de Asistencia Mutua en Materia Legal.
A la Corte en Nueva York el Departamento de Justicia le ha entregado más de un millón de documentos, miles de grabaciones, fotografías y otras evidencias para sustentar las acusaciones en contra de García Luna y sus dos secuaces altamente reconocidos y admirados por Felipe Calderón.
