julio 30, 2021 12:58 AM

851 masacres con AMLO

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Fracasa la tesis de “abrazos no balazos”

 

En los últimos dos años y medio, casi 4 mil personas han muerto inmersas en un contexto de extrema violencia en México, en la que atestiguaron la muerte de quienes estaban con ellas —o murieron primero— ante los ojos de quienes le acompañaban, si no es que expiraron simultáneamente. Esas vidas fueron segadas en alguno de los 919 multihomicidios perpetrados a lo largo del territorio nacional.

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio último, se tiene el recuento de tal cantidad de sucesos, de los cuales solo en 68 se pudo identificar un enfrentamiento con balacera, emboscada o que había cierto equilibrio de fuerzas entre autoridades armadas contra grupos del crimen organizado, o entre ellos mismos. El resto, 851 eventos, tienen la connotación de auténticas masacres, donde las personas atacadas estaban inermes, en la indefensión, característica primordial para calificar el asesinato de varias personas como masacre.

Apoyándose en investigación propia y en datos que la asociación civil Causa en Común clasifica, así como en información publicada en medios de comunicación nacionales y estatales, ZETA encontró que en los 919 homicidios colectivos, han fallecido 3 mil 876 personas, de las cuales por lo menos 276 eran mujeres, y 124, niñas, niños o adolescentes. Probablemente la cifra sea mayor, sin embargo, la precariedad de la información extraída no permite confirmarlo.

Los gobiernos estatales y el federal no reconocen que su autoridad está, por mucho, rebasada por la delincuencia y minimizan los hechos, atribuyendo al periodismo su magnificación, en lugar de reajustar la política criminal o hacer modificaciones en los esquemas de seguridad pública y procuración de justicia. Por el contrario, han ratificado su tesis de que para combatir al crimen, se requieren “abrazos, no balazos”, como lo ha reiterado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En estas matanzas, en las que han fallecido tres personas o más, han sido asesinados a balazos, acuchillados, estrangulados, desmembrados o colgados de algún puente, personas que no contaban con antecedentes penales ni nexos con la criminalidad, desde amas de casa, trabajadores, obreros, profesionistas, servidores públicos, desempleados y presos. Prueba de ello son los 132 policías y los 41 reclusos que aparecen entre las víctimas de estos multihomicidios.

 

De homicidios a masacre

Los crímenes aquí descritos, son aquellos en los que por lo menos tres personas fueron asesinadas durante un solo hecho o como consecuencia del mismo. A este tipo de asesinato múltiple, algunos investigadores u organizaciones académicas y no gubernamentales, le denominan masacre, como es el caso de Causa en común, Asociación Civil, que incluso les llama atrocidades y tienen como característica la muerte de varias personas que se encuentran indefensas.

En los 68 multihomicidios en los que se advierte una paridad de fuerza entre las personas victimadas, generalmente policías o sicarios y sus ejecutores, también elementos de las Fuerzas Armadas o criminales, queda una luz de duda sobre la ventaja que más allá de las armas de la sorpresa de una emboscada o la posible ejecución, sumaría que en ocasiones se hace pasar como enfrentamiento.

Tan solo en siete estados se concentra el 63 por ciento de los asesinatos múltiples en el país. Se trata de:

* Guanajuato, donde han ocurrido 214 de los eventos, con saldo de 871 muertos.
* Michoacán, con 87 multihomicidios y 390 personas ejecutadas.
* Chihuahua, 66, con 279 víctimas.
* Jalisco, 64 eventos criminales masivos con 252 fallecidos.
* Zacatecas, con 59 y 258 muertos.
* Guerrero, 48 masacres y un saldo de 222 difuntos.
* Sonora, con 40 casos donde resultaron victimados 150.

Los mayores enfrentamientos entre entes de gobierno y delincuentes, o entre grupos delictivos, han acontecido en Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, con una importante derrama de sangre, donde se podría hablar de ese equilibrio de fuerza o beligerancia entre los contendientes. Caso contrario a Guanajuato, donde solo en menos de 10, de un total de 214 homicidios colectivos, hubo enfrentamiento. Es incluso la entidad con más muerte de mujeres (67) y de niñas, niños y adolescentes (34) en este tipo de eventos. Verdaderas masacres.

En las ejecuciones múltiples, en 500 ocasiones hubo tres muertos; en 190, cuatro víctimas; cinco muertos en 109 ocasiones; seis fallecidos en 38; siete asesinados en 22; ocho y nueve muertos, 12 veces cada uno; y 10 acribillados en nueve casos. De ahí en adelante son menos las cuentas, pero hay masacres de hasta 30 personas, como las que se registran en sitios donde se realizan fiestas o de concentración masiva.

Los estados con menor incidencia en masacres, son los mismos que generalmente muestran una baja criminalidad en toda estadística oficial o encuesta de víctimas: Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Tlaxcala y sorpresivamente Nayarit, que desde febrero de 2017, cuando fue abatido el presunto narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez el H-2 -operador de los hermanos Beltrán Leyva- y tras la detención en marzo de ese año del ex fiscal nayarita Edgar Veytia en Estados Unidos, la delincuencia se redujo ostensiblemente.

 

Las masacres más notorias

Desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente, los asesinatos múltiples más terroríficos en el país empezaron el 9 de enero de 2019, cuando en un ejido del municipio Miguel Alemán, en Tamaulipas, localizaron 21 cuerpos acribillados y cinco camionetas incineradas, producto de la guerra entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.

A finales del mismo mes, grupos antagónicos de autodefensas chocaron en el camino a la comunidad de Paraíso de Tepila en Chilapa, con saldo de 10 muertos y dos heridos.

El 9 de marzo de ese año, en un bar de Salamanca, 15 personas murieron y cinco resultaron lesionadas en un ataque a tiros por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Al 19 de abril siguiente, en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz, 14 personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres y un niño de un año de edad. Línea de investigación: una venganza entre Los Zetas y el CJNG.

El 22 de mayo de 2019, la guerra entre Jalisco y Los Viagra dejó 10 personas muertas y tres heridos en la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera a Lombardía, en Michoacán.

Fue un año difícil. El 8 de agosto, los cadáveres de 19 miembros de Los Viagra fueron colgados en tres puentes de Uruapan.

Diecinueve días más tarde, hubo 11 muertos en dos tiroteos en Nuevo Laredo, entre la Policía Estatal y el grupo criminal La Tropa del Infierno. En la misma fecha, el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos fue incendiado intencionalmente, muriendo en su interior por lo menos 30 personas, 10 de estas, mujeres.

El 15 de octubre de 2019, en El Aguaje, municipio de Aguililla, fueron asesinados 13 elementos de la Policía Estatal, en una emboscada del CJNG. Ese día en Iguala, Guerrero, se registró una balacera entre presuntos criminales y soldados; murieron 14 civiles y un soldado.

El 6 de noviembre, un operativo en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua desató violencia del grupo delictivo Los Mexicles en las calles, donde 10 personas fueron asesinadas. El 1 de diciembre siguiente, hubo 25 muertos en un enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Noreste y Fuerzas Armadas en Villa Unión, Coahuila. El año cerraría con una riña en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, con 16 reos muertos.

El 17 de enero de 2020, en Chilapa, Guerrero, 10 músicos indígenas fueron incinerados sobre una carretera. El mismo día, pero en Zirándaro, una balacera entre grupos criminales dejó saldo de 10 muertos. El 16 de marzo, en Aguililla, otras 10 personas murieron en un tiroteo entre grupos armados.

El 3 de abril fueron asesinadas 19 personas al enfrentarse grupos armados en Madera, Chihuahua. Y el 26 de abril, la muerte regresó a Aguililla, donde fueron hallados 21 cadáveres, seis de ellos calcinados.

Pero esos no fueron los peores crímenes de 2020. El 23 de mayo, en Huetamo, Michoacán, en una camioneta localizaron 12 cadáveres con huellas de tortura. El 7 de junio, sicarios irrumpieron en un centro de rehabilitación en Irapuato y mataron a 10 personas. El 20 de junio, en Caborca, Sonora, hallaron los cuerpos de 10 hombres tras una balacera entre grupos armados. El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas, incluidas dos mujeres, en San Mateo del Mar, Oaxaca. Y el 26 de junio, 14 cadáveres fueron arrojados sobre la carretera en Fresnillo, Zacatecas.

Otro feroz ataque a un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato, ocurrió el 1 de julio, con saldo de 28 muertos. En Minatitlán, Veracruz, el 18 de agosto, mataron a 13 personas en una balacera durante una fiesta. El 27 de septiembre, asesinaron a 11 personas en un antro de Jaral del Progreso, Guanajuato. Y el 5 de octubre, fueron hallados 12 cuerpos con signos de tortura en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Durante 2021, el 2 de enero, fueron hallados 15 cadáveres en Chihuahua, Chihuahua. Dieciséis días después, abandonaron 12 cuerpos torturados sobre un camino en Las Choapas, Veracruz. El día 23 de ese mes, se registró el hallazgo de 19 cadáveres calcinados sobre dos camionetas en Camargo, Tamaulipas. La mayoría eran migrantes guatemaltecos. El 27 de febrero murieron 15 personas en un enfrentamiento en Coyuca de Catalán, Guerrero. Esa tarde, en la colonia La Jauja de Tonalá, Jalisco, un comando asesinó a 11 jóvenes, entre ellos una mujer y un niño. El 18 de marzo, 13 policías fueron asesinados en Coatepec Harinas, Estado de México. El 19 de junio, un comando en tres camionetas mató a 19 civiles al azar en colonias de Reynosa, Tamaulipas. Y el 24 del mismo mes, 18 presuntos miembros de grupos antagónicos murieron en enfrentamientos en Valparaíso, Zacatecas.

 

Fracasan los abrazos

Aunque Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas continúan con la inercia de violencia que caracteriza a las organizaciones criminales que disputan sus territorios, el foco actual de las autoridades se encuentra en Zacatecas, donde el CJNG desató una guerra que tiene mínimo respeto por la vida humana, como se advierte del asesinato de un joven pasante de medicina y un paramédico que fueron ejecutados e incinerados tras realizar el traslado de una mujer embarazada a principios de julio.

El lunes 5 de julio, luego de ser increpado por el periodista Jorge Ramos sobre el presunto fracaso de la estrategia de seguridad, el Presidente López Obrador reconoció que su administración tiene dificultades para reducir los homicidios, e insiste en que este delito se ha contenido: “Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios”.

Un día después, acudió a Aguililla, Michoacán, uno de los pueblos lacerados por la guerra entre cárteles. Los habitantes le exigieron que el gobierno actué, pero el mandatario le hizo un llamado “a la gente, a los campesinos, a los religiosos, a todos, también, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño. No a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y que no se dejen manipular por grupos delictivos”.

Artículo publicado el 11 de julio de 2021 en la edición 963 del semanario Ríodoce.

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