Con el apoyo de Amnistía Internacional y The Citizen Lab, fue presentada desde Berlín la plataforma “Violencia Digital” para dar a conocer toda la información que existe hasta el momento sobre el malware “Pegasus”, difudió Aristegui Noticias.

La organización internacional Forensic Architecture (FA) dio a conocer este sábado la plataforma “Violencia Digital”, que reúne toda la información hasta ahora conocida sobre las intromisiones ilegítimas que en todo el mundo se hicieron con el malware ‘Pegasus’, creado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.

Mediante una transmisión en vivo por internet fue presentado este trabajo global sobre el software que ha infectado los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos de todo el mundo.

La plataforma “Violencia Digital”, creada por FA con el apoyo de Amnistía Internacional y The Citizen Lab, tiene como antecedente un informe de 2017 que esta última organización realizó en México.

Aquella investigación reveló que miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” -también conocido como Centro Prodh- fueron espiados con el software Pegasus a partir de su participación en las indagatorias de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Forensic Architecture, que junto con el Centro Prodh y el Equipo Argentino de Antropología Forense realizaron una herramienta cartográfica en línea para analizar las versiones contradictorias de las autoridades sobre estos hechos, ocurridos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, descubrió en 2019 que sus miembros también eran espiados. Entonces, FA participaba en una demanda contra NSO Group en nombre de varios defensores de derechos humanos.

Por esta razón, comenzaron a trabajar en una plataforma que exhibiera en un solo lugar todas las actividades documentadas de NSO en todo el mundo. El malware Pegasus, detectado por primera vez por Citizen Lab, se ha utilizado por lo menos desde 2015, en alrededor de 45 países de todo el mundo, para espiar los teléfonos de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.