La organización no gubernamental Artículo 19 fijó a través de la publicación de un editorial, la función que desempeña en favor del ejercicio periodístico en México.

Expone que ha exigido garantías para la difusión de información y opiniones en todos los medios; analizar las amenazas y tendencias respecto a las agresiones a la libertad de expresión e información; y coadyuvar en el diseño de políticas públicas.

“En este sentido y con el ánimo de mantener un alto nivel de exigencia, reafirmamos que la organización no puede ni debe asumir las obligaciones constitucionales conferidas al Estado”, asentó.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras y pertenece al movimiento conservador, lo que desató la reacción de organizaciones internacionales, medios y periodistas nacionales en apoyo a la organización.

Anterior a la crítica de López Obrador, Artículo 19 publicó su informe anual en el que estableció que, a dos años de gobierno, persisten en el país dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.

Tras las críticas del mandatario, la organizacion detalla en su editorial que el trabajo que realiza es defender y promover los derechos a la libertad de expresión y la información de todas las personas, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, para contribuir con el mejoramiento de la democracia.

En este sentido, la retroalimentación y la crítica son elementos fundamentales para continuar hacia el cumplimiento de este objetivo.

“Artículo 19 trabaja en un contexto político y social que amerita asumir que la libertad de expresión no se ejerce en el vacío y requiere voltear hacia aquellas poblaciones de periodistas y comunicadores(as) que se encuentran en un mayor nivel de vulnerabilidad por etnia, género, región, etc. De esta manera, asumimos que si bien la difusión de nuestro trabajo es primordial para la exigencia, también lo son las acciones que trascienden la esfera de los medios”.

Acotó que no todas las acciones de acompañamiento son públicas porque depende de una estrategia que abone a la seguridad de las víctimas así como a la búsqueda de justicia y verdad.

“Todo esto es comprensible en el marco en el que las y los ciudadanos esperamos respuestas eficaces ante las agresiones de un Estado que es incapaz de responder y garantizar un verdadero estado de derecho. La violencia trastoca de manera profunda las vidas de las víctimas y su círculo cercano, rompe el tejido social y profundiza la histórica desconfianza en las instituciones que se vuelven cómplices por acción u omisión. Por ello se vuelve más necesario que las y los ciudadanos mantengamos una exigencia real al Estado, pues la indignación por la violencia a la que se somete a la prensa la compartimos todas y todos”, sostiene.

La publicación da cuenta de las acciones que en 14 años ha emprendido, como el haber documentado casi 5 mil  agresiones contra periodistas, medios y personas comunicadoras.

“Tan solo durante el proceso electoral de 2018 documentó 185 ataques contra la prensa, más de 60 ocurrieron el día de las elecciones. Mientras que en 2020 documentó 692, siendo éste el año más violento para la prensa desde que esta organización inició funciones en México”.

La organización considera que el aumento año con año de la violencia contra la prensa implica un replanteamiento de la exigencia al Estado y de un nivel de intervención que requiere focalizar los esfuerzos hacia aquellos casos que den luz de la mutación en los patrones de agresión y de la identificación de las causas que generan este tipo de agresiones.

Plantea: ¿cómo hacer que las y los periodistas se escapen del nivel de impunidad que penetra a todo el país?, ¿cuáles son las acciones que se tienen que seguir para generar un sentido de autoprotección que no se traduzca en autocensura?, ¿quiénes son aquellos que faltan a la debida diligencia en la atención de las agresiones?, ¿se trata de ineficiencia institucional o de falta de Estado de Derecho?

Las defensas

La organización ha defendido casos como el de Pedro Canché, Edwin Canché, Felix Bigman, Lydia Cacho, Moisés Sánchez, Carmen Olsen, Aldo Sotelo, Gustavo Ruiz, entre otros. También es coadyuvante en el caso de Rubén Espinosa y representante de más de dos decenas de casos ante el Mecanismo de Protección.

Considera que esas defensas son pocas frente a la cantidad de agresiones que sufre la prensa a diario.