Casi el 50 por ciento de las carpetas han sido enviadas a archivo temporal

Durante los últimos años la Fiscalía General de Justicia del Estado aumentó la resolución de carpetas de investigación…mandándolas al archivo.

En su Cuarto Informe de Labores, el fiscal Juan José Ríos Estavillo, presume los “logros y éxitos” de la dependencia.

En las estadísticas muestra cómo ha aumentado el número de carpetas de investigación resueltas, pero entre esas incluye las que fueron mandadas al archivo, las declinadas por incompetencia y en las que se decretó el no ejercicio de la acción penal.

El porcentaje de carpetas en las que el presunto responsable fue llevado ante un juez o se solicitó orden de aprehensión, apenas es del 15 por ciento.

El año pasado las vicefiscalías iniciaron 22 mil 612 carpetas de investigación.

En el informe la Fiscalía presume que resolvió 19 mil 968 carpetas, iniciadas el año pasado y anteriores.

“En este periodo de actividades se resolvieron 19 mil 968 carpetas de investigación, existiendo una diferencia de 8 mil 601 indagatorias penales en relación al tercer periodo de actividades, lo cual representa un aumento significativo del 75 por ciento”, señala el documento.

Sin embargo, 9 mil 743 fueron resueltas enviándolas al archivo temporal, es decir el 48 por ciento.

Del total de carpetas resueltas, solo 3 mil 179 llegaron ante un juez, de las cuales dos mil 292 fueron sin detenido, 390 con detenido, en 494 se solicitó orden de aprehensión y en tres se solicitó orden de comparecencia.

La mayoría de los casos judicializados fueron por los delitos de violencia familiar, lesiones dolosas, narcomenudeo, robo a local comercial, y abuso sexual y atentados al pudor.

El resto de las carpetas resultas, 6 mil 500 fueron decretando el no ejercicio de la acción penal y 546 por incompetencia.
En los últimos años el porcentaje de carpetas enviadas al archivo temporal aumentó.

En 2018, de 13 mil 935 carpetas resueltas, el 42 por ciento fueron enviadas al archivo; y en 2019 de las 11 mil 362 resueltas, 46 por ciento fueron archivadas.

En el informe la FGE señala que “este cuarto año de actividades ha estado lleno de logros y éxitos en favor de las víctimas del delito, así como de mayores complejidades y retos que años anteriores, no solo porque nuestro quehacer institucional exige una
mejora continua encaminada a prestar un mejor servicio público a los Sinaloenses, sino además por la serie de riesgos y complicaciones sanitarias que ha traído consigo el virus COVID-19 en el año 2020”.

Menciona que el surgimiento de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, ha originado la modificación de la actividad operativa del personal.

El informe menciona que durante 2020, en la Vicefiscalía Anticorrupción Durante el cuarto año de actividades se presentaron 10 denuncias por la posible comisión de conductas delictivas.

Por las denuncias se iniciaron 14 carpetas de investigación por la posible comisión de 19 conductas delictivas, entre ellas por el delito de desempeño irregular de la función pública, cohecho, peculado, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias, cohecho cometido por particulares, concusión, promoción de conductas ilícitas, delitos cometidos por los servidores públicos y ejercicio indebido del servicio público.

La dependencia resolvió 13 carpetas, de las cuales 7 se resolvieron con el no ejercicio de la acción penal, tres con la abstención de investigar, una con el archivo temporal, una con la extinción de la pretensión punitiva por prescripción.

Solo un caso se judicializó por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Durante el año pasado, la Vicefiscalía Anticorrupción obtuvo una sentencia absolutoria y una mixta, absolutoria por un delito y culpable por uno.

El informe indica que el combate a la corrupción es esencial e imprescindible en la búsqueda del bienestar, la seguridad, la prosperidad, la justicia social y la paz de una nación.

“Este organismo constitucional autónomo, dentro del marco de nuestra respectiva función y competencia, refrendamos nuestro compromiso en el combate y erradicación de esta grave problemática, así como de la defensa, respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de la persona”, señala.

Menciona que la corrupción es un fenómeno complejo que debe ser atendido de manera oportuna por cada uno de los funcionarios públicos que forman parte del Estado, mediante la implementación de un enfoque multidisciplinario, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

“Es la corrupción una de las principales problemáticas que enfrenta la sociedad en la actualidad, debido a que su propagación ocasiona múltiples efectos corrosivos para cada uno de los miembros que integran una nación, como por ejemplo el detrimento de la democracia y el estado de derecho, así como propicia la afectación a derechos fundamentales, lo cual a su vez ocasiona la disminución de la calidad de vida de las personas y coadyuva al florecimiento de la delincuencia y la impunidad.

En la unidad especializada en robo de vehículos, resolvieron 4 mil 515 carpetas pero solo 58 llegaron a los tribunales.

Del resto, 4 mil 13 se concluyeron por archivo temporal, 217 por no ejercicio de la acción penal y 227 se resolvieron declinadas por incompetencia.

La agencia especializada en investigación de homicidios dolosos inició 770 carpetas y apenas resolvió 86.

Del total de carpetas resueltas, 75 fueron judicializadas, cinco fueron por no ejercicio de la acción penal y seis por incompetencia.