Los desvíos se hicieron para pagar sueldos, aguinaldos, subsidio a la UAS y proveedores del Gobierno, alega el ex funcionario

Para la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada hay indicios de que ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas desviaron 263 millones de pesos pero para la Vicefiscalía Anticorrupción no.

Lea: Vicefiscal, sin oposición para retirar delito a Villarreal https://bit.ly/3rfvG5p

En audiencia celebrada la semana pasada la jueza tuvo que sobreseer el delito de desempeño irregular de la función pública por solicitud de la Fiscalía y por la falta de acusación.

Los ex funcionarios acusados son el ex Secretario Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Los tres fueron vinculados a proceso penal por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Después la Fiscalía presentó acusación solo por el delito de ejercicio indebido del servicio público y la jueza solicitó al fiscal general o a la vicefiscal anticorrupción que se pronunciaran sobre la falta de acusación y ésta última envío una respuesta ambigua.

En la audiencia de la semana pasada la jueza dijo que recibió un nuevo oficio firmado por las vicefiscales general, Nuria Alejandra González Elizalde; y Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela, en el que solicitaban sobreseer el delito de desempeño irregular de la función pública.

En el documento también mencionan, a modo de reproche, dijo la jueza, que los términos acusación irregular, deficiente o a medias, que ella usó para referirse a la acusación presentada por la FGE, no los establece ninguna Ley.

La juzgadora contestó que esos adjetivos legalmente no existen pero ella los usó para resaltar que la acusación fue solo por un delito.

Durante la audiencia, el fiscal, Librado Romero, dijo a la jueza que las cuestiones legales deben definirse con el marco legal no con códigos de ética o con suspicacias como ella lo había estado haciendo.

Manifestó que la Fiscalía consideró que no podía probar en juicio que hubo desvío y por eso dictaminó

que era improcedente presentar acusación por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Sobre la solicitud de sobreseimiento, el apoderado legal del Gobierno del Estado, César Figueroa Gutiérrez dijo: “nos encontramos de acuerdo con el sobreseimiento parcial en el delito de desempeño irregular de la función pública”.

La jueza explicó que la Fiscalía determinó no presentar acusación basada en un dictamen que emitió la ASE que señala que no hubo uso ilegal del dinero sino que se usó para gastos del gobierno del estado.

La jueza mencionó que para dar esa resolución la ASE tomó en cuenta una pericial contable en la que no se revisaron todos los pagos, solo se tomó una muestra aleatoria y no dice cuántos pagos fueron los revisados ni el porcentaje que representan del total.

Además el perito tampoco sostuvo sus conclusiones en un documento.

No hay base objetiva que sostenga la opinión técnica, el dictamen es insuficiente para decir que esos 300 millones de pesos se usaron para pagos de Gobierno del Estado, indicó.

La jueza consideró que “quedó sin comprobar la ruta de ese dinero del erario”.

Llama la atención, abundó, que la pericial cita que sí hubo desvío para solventar gastos del gobierno.

El núcleo del delito es que el dinero se usó con fines distintos a los que estaba destinados, precisó.

Detalló que al no haber acusación y solicitar la Fiscalía el sobreseimiento, ella tenía que sobreseer el delito.

“Se sobresee parcialmente la causa penal referida por así solicitarlo la vicefiscal general, maestra Nuria Alejandra González Elizalde; y la vicefiscal anticorrupción, doctora Reyna Angulo Valenzuela”, expresó.

El Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo, está autorizando tácitamente el sobreseimiento porque tenía conocimiento de la falta de acusación y guardó silencio, manifestó la jueza.

Los abogados de los acusados dijeron que pretenden terminar el proceso con una suspensión condicional pero negociarán con la Fiscalía el plan para pagar la reparación del daño y en la próxima audiencia harán la solicitud a la jueza.

Al salir del Centro de Justicia Penal de Culiacán, Armando Villarreal Ibarra, dijo que ellos se han apegado a las facultades que la Ley les da y están recorriendo a todos los recursos que sean necesarios para comprobar el gasto que se hizo.

“Nos sentimos todos muy contentos porque todo se está alineando a que las cosas realmente salgan resueltas como debe de ser, no estamos pidiendo nada fuera de la Ley, no hicimos cosas que ameriten estar en juicio penal a nuestro criterio, a nuestro entender en esta nueva experiencia que estoy viviendo y, bueno, estamos contentos que vamos avanzando cada día, las cosas se están resolviendo”, dijo.

—¿Fue un acto de justicia el sobreseimiento en el delito de desempeño irregular de la función pública?

—Sí, claro que sí, mira, desafortunadamente en el estado, en la condición humana en nuestro país, cualquier acusación legal que hagan en tu contra ya automáticamente la gente cree que eres culpable y para eso existen los procesos legales, para demostrar, tanto la Fiscalía y el juez, demostrar si lo eres; o nosotros en la defensa demostrar que no lo somos y bueno vamos caminando afortunadamente en ese sentido”.

—¿Se tenía que hacer el desvío en su momento?

—Son cosas que se tienen que hacer en el Gobierno todos los días y nosotros los funcionarios, o en mi caso ex funcionarios, estamos para tomar las decisiones

que en el momento ameritan las circunstancias y eso es lo que hicimos los seis años, tomar decisiones”.

Aseguró que el dinero se usó para pagar sueldos, aguinaldos, subsidio a la UAS y proveedores del Gobierno.