julio 23, 2021 10:25 PM

Quiere Morena evitar que años de servicio provoque retiro forzoso de magistrados

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Para evitar que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tengan que retirarse forzosamente de sus cargos por años de servicio, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 95 de la Constitución del Estado de Sinaloa.
La propuesta de reforma propone que se elimine como causales de retiro forzoso, los años de servicios prestados por el magistrado, y se mantenga solamente el de padecer incapacidad física o mental incurables, incluso cuando ésta fuere parcial o transitoria.
El marco legal vigente señala como causales del retiro forzoso de los magistrados el tener 30 años de servicio al Poder Judicial, y haber ejercido de estos al menos 10 años como magistrado; o bien haber cumplido 15 años de servicio como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
En la exposición de motivos los diputados de Morena argumentaron que la actual disposición constitucional imposibilita a profesionistas expertos continuar con el ejercicio de su cargo, pese a que son expertos con alta capacidad técnica, encontrarse en el cenit de sus capacidades intelectuales y encontrarse en buenas condiciones físicas.
Abundaron que el retiro forzoso implica además un alto costo a las finanzas públicas ya que por el retiro forzoso se debe cubrir el 100 por ciento de los ingresos del magistrado que se retira y debe cubrir las percepciones del nuevo magistrado.
De 2000 al 2018, se han retirado 14 magistrados que cuentan con pensiones vitalicias, y de seguir vigente el marco legal, en los próximos cinco años deberán dejar forzosamente sus cargos la totalidad de los actuales magistrados, con excepción de los dos últimos que fueron nombrados, indicaron.
En Sinaloa, a diferencia de otras entidades, la edad no es un factor a tomar en cuenta para el retiro de magistrados de sus cargo, solamente los años de servicio.
La propuesta de reforma a la Constitución recibió la primera lectura de iniciativa y fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y revisión.

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