Abundan quejas por atención médica en penales

El sistema penitenciario en Sinaloa da atención médica a las personas privadas de la libertad hasta que interviene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

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La población penitenciaria tiene que recurrir a las quejas ante la CEDH para recibir algún medicamento para dolor.

Durante el año pasado hubo 266 quejas de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario, principalmente por atención a la salud.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 220 quejas fueron resueltas de manera inmediata por lo que no fue necesario abrir expediente.

En las 46 quejas restantes se abrieron expedientes, de los cuales 21 fueron por violación al derecho a la protección de la salud.

En 2019 fueron 12 quejas por falta de atención médica.

En mayo, familiares de internos denunciaron la falta de atención médica y de medidas para prevenir brotes de COVID-19 al interior.

Las quejas señalaban que había internos enfermos con síntomas de tener el virus y en el penal no había médicos y tampoco estaban aislados del resto de la población penitenciaria.

Meses después, en agosto, familiares de Jesús René Rodríguez Dueñas, el Rino, involucrado en la masacre de militares en 2016 en Culiacán, se manifestaron afuera del penal de Aguaruto en Culiacán para exigir atención médica.

Según los parientes del interno, el Rino se encontraba grave por COVID-19 y las autoridades se negaban a trasladarlo a un hospital.

Horas después de la manifestación el interno fue llevado a una clínica particular donde un mes más tarde murió.

El visitador General de la CEDH, Miguel Ángel Calderón Espinoza, señaló que con la pandemia de COVID-19, al inicio hubo desesperación tanto de las personas privadas de la libertad como de los familiares y solicitaban la intervención del organismo.

“Se quejaban porque la gente de alguna manera estaban asustados, los familiares y las propias personas privadas de la libertad, algún resfriado o de más, ellos consideraban que podría ser el virus. Nosotros entablamos muy buena comunicación durante toda la pandemia con los centros penitenciarios, con la Dirección de Prevención y Reinserción Social para estos efectos y estuvimos dándole trámite”.

Señaló que “muchos asuntos que tuvieron que ver con esta situación además estuvimos tratando de alguna manera de orientar a las personas a afectos de que entendieran cual era la situación, obviamente estuvimos muy al pendiente de los protocolos que se implementaron por parte de las autoridades penitenciarias para el tratamiento de estos asuntos”.

Mencionó que 220 casos fueron resueltos de manera inmediata.

Explicó que estos casos conciliados se tratan de negativas de atención médica, desde un dolor de muelas hasta una atención especializada en el IMSS o el ISSSTE.

Después de la intervención de la CEDH, indicó, las autoridades penitenciarias respondieron y las personas privadas de la libertad fueron atendidas.

“Algunas personas privadas de la libertad tienen padecimientos y a veces se complica el que estas personas puedan salir de los centro penitenciarios a recibir atención médica a los hospitales más, que nada ese es el problema porque las autoridades correspondientes señalan que a veces no hay vehículos, no hay personal porque se tiene que armar un operativo, un protocolo, para poder sacar a una persona del centro penitenciario a que reciba atención médica”, indicó.

Manifestó que hubo 46 asuntos que no se solucionaron de manera inmediata y se inició expediente por posible violación de derechos humanos.

“En este caso las hechos violatorios a través de los cuales calificamos las quejas, tenemos más que nada la violación a la protección al derecho a la salud, siguiéndole la violación al derecho humano a las personas privadas de la libertad, estas que ver más que nada la convivencia con la familia, alimentación o

algún otro tipo de situaciones, y por malos tratos. El primer lugar fue violación al derecho a la salud”, indicó.

Estadísticas de la CEDH establecen que del total de quejas 21 fueron por violación al derecho a la protección a la salud, ocho por violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y cinco por malos tratos.

Calderón Espinoza manifestó que las áreas médicas de los centros penitenciarios presentan algunas deficiencias y los resuelve hasta que interviene la CEDH.

“A veces nos hemos percatado que hay falta de algunos medicamentos, algunos insumos pero cuando ya intervenimos, cuando ya se presenta la queja, las autoridades penitenciarias buscan la manera para sacar adelante y conseguir los medicamentos que se necesiten para dar la atención a las personas privadas de su libertad”, expresó.

Comentó que durante el año pasado en los penales no se registraron fallecimientos atribuidos a la falta de atención médica.

“Afortunadamente siempre se termina dando la atención, las autoridades están en la mejor disposición, creo que es importante que las autoridades, y ese sería el llamado de la Comisión, las autoridades penitenciarias deben estar muy atentas a esta cuestión, a los medicamentos, a la atención oportuna que se debe de dar a las personas privadas de la libertad”, señaló.

En la última evaluación penitenciaria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019, los penales de Sinaloa obtuvieron una calificación de 6.07 en el rubro de servicios para mantener la salud de los enfermos