abril 21, 2021 2:14 AM

La sospechosa absolución de Carlos Castro

CARLOS CASTRO.

Pésima actuación de la Fiscalía en juicio por colchones podridos

 

 

La Fiscalía Anticorrupción llevó el juicio contra el acusado de comprar los colchones podridos sin pruebas y de las que tenía se desistió.

Lea: Se esconden ex funcionarios en caso de colchones podridos https://bit.ly/34ED8OS

Después de seis semanas de juicio oral contra el ex coordinador administrativo de Sedeso, Carlos Castro Olivas, el juez Guadalupe Chávez Reyes, dictó sentencia absolutoria.

El ex funcionario estaba acusado de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas pero la Fiscalía no pudo acreditar que los cometió.

Según la Fiscalía, Carlos obtuvo beneficios económicos para él y para terceros con la compra de los colchones que entregaron a los damnificados por la depresión tropical 19E y que resultaron en mal estado.

En la acusación la Fiscalía señaló que la compra de los colchones la facturaron un amigo de Carlos, Benjamín Landgrave; y la empresa El Marichi, y ninguno de los dos tiene como giro comercial la venta de colchones.

Por los colchones facturaron y transfirieron 2 millones 970 mil pesos y a los vendedores solo pagaron 420 mil pesos.

De acuerdo con la Fiscalía los colchones se facturaron con un sobreprecio de 2 millones 550 mil pesos.

Durante el fallo, el juez mencionó en varias ocasiones al ex secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños; y a la actual subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.

Ambos eran testigos clave de la Fiscalía porque con ellos acreditarían las conductas delictivas pero ninguno de los dos acudió cuando fueron citados y luego los fiscales se desistieron de las declaraciones.

El juez señaló que la fiscalía acusó que Carlos fue quien hizo las transferencias para pagar los colchones y para acreditarlo ofreció el testimonio de Raúl, quien acudiría para señalar que el acusado era quien tenía los dispositivos electrónicos para hacer las transferencias y era el encargado de manejar los recursos.

Detalló que la declaración de Morayma era para acreditar que Carlos fue quien buscó a los proveedores e hizo las negociaciones para la compra.

Ninguno de los dos acudió y se desistieron de ellos, expresó.

Manifestó que la Fiscalía llevó a declarar a una perito contable que dijo que sí se hicieron las transferencias pero la experta no pudo determinar quién las hizo porque los autorizados para manejar los recursos de esa cuenta eran Carlos, Raúl y un persona de nombre Óscar Camacho.

No precisan quién de los tres hizo las transferencias y no se advierten las razones por las que la Fiscalía considera que las hizo Carlos y no Raúl u Óscar, deben quedar claras las razones por las que considera que fue Carlos, indicó el Juez.

Señaló que la Fiscalía tampoco pudo demostrar que fue Carlos el que hizo las negociaciones.

En el juicio, expresó, declaró María Isabel Rayas, la intermediaria para la compra de los colchones, con la que se pretendía acreditar que Carlos hizo las negociaciones.

La testigo refirió que la persona que llegó con ella buscando colchones era Benjamín y días después

acudió acompañado de Carlos, pero nunca refirió que el trato fue con el acusado, incluso señaló que con el que siempre tuvo comunicación y quien le entregaba el dinero para pagar los colchones era Benjamín, dijo el juez.

Detalló que en diciembre de 2018, en la Fiscalía de Jalisco a la señora le pusieron cuatro fotografías para que señalara quién era la persona de nombre Carlos que acompañaba a Benjamín y señaló a una persona de nombre Irvin.

Durante el juicio, indicó, por solicitud de la Fiscalía, en la sala de audiencias lo identificó y lo señaló, a pesar de que ya pasaron dos años y el acusado traía cubre bocas, lo que resulta incongruente.

Otros vendedores que acudieron a declarar, detalló, no pudieron precisar quién es la persona que llegó a comprar los colchones.

Para demostrar que se pegaron a sobre precio, la Fiscalía debió presentar un peritaje o un estudio de mercado que indicara cuál es el precio promedio de los colchones y compararlo con el precio que se pagó pero no lo hicieron, abundó.

En el último día de juicio la Fiscalía solicitó reclasificar el delito de peculado por el de abuso de autoridad.

El juez determinó que el delito de abuso de autoridad tampoco se comprueba con las pruebas que presentaron.

Las pruebas no establecen que el acusado realizó los hechos, no acreditan que realizó la disposición de los recursos y tampoco la compra, dijo el juez.

Después de ser absuelto, a su salida del Centro de Justicia Penal, Carlos Castro, dijo que salía tranquilo, con la frente en alto y el nombre limpio.

“Como siempre lo pudimos asegurar, nosotros no tuvimos participación en los hechos y pues realmente hoy ganó la justicia, ganó la verdad, yo creo que la parte que acusaba tuvo todo el tiempo del mundo, tuvo toda la estructura, aquí fue una lucha entre toda la estructura de gobierno con todos los recursos contra un ciudadano de a pie, sin embargo, bendito Dios, saliendo con la frente en alto y por la puerta de enfrente de esta situación”, dijo.

Mencionó que la fiscalía desde “un principio faltaron a la verdad, faltaron a la presunción de inocencia que debía haber gozado y a muchos principios que hoy nos damos cuenta que afortunadamente el Poder Judicial ha podido esclarecer y mencionar tajantemente la absolución que hoy se da”.

Durante los alegatos de cierre el defensor, Rafael Trejo, dijo que Carlos fue víctima de una investigación selectiva porque solo se centró en él, con fines sensacionalistas y mediáticos.

Manifestó que para acreditar las conductas, la Fiscalía ofreció los testimonios de Raúl Carrillo y Morayma Yaseen pero la no quisieron hacerlos comparecer.

Es extraño que la Fiscalía desistiera de sus testimonios, los cuidó para que no comparecieran y fueran sujetos a un “férreo contrainterrogatorio” de la defensa, dijo.

Artículo publicado el 20 de septiembre de 2020 en la edición 934 del semanario Ríodoce.

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