Ex titular de Sedesol y subsecretaria de Economía se niegan a declarar en el juicio contra Carlos Castro
El ex secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, y la subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes, se negaron a declarar en el juicio por los colchones podridos.
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Ambos eran testigos tanto de la Fiscalía como de la defensa de Carlos Baltazar Castro Olivas, acusado de peculado y negociaciones ilícitas.
Los dos fueron citados para rendir su testimonio en varias ocasiones y no acudieron.
Carrillo Castaños era el titular de la Sedesol cuando entregaron los colchones en mal estado a los damnificados por la depresión tropical 19E en septiembre de 2018.
Después de que se dio a conocer que los colchones estaban en mal estado, el ex funcionario fue quien presentó la denuncia penal que derivó en la orden de aprehensión contra Castro Olivas.
En octubre de 2018, ante el Juez, el acusado de comprar los colchones, Carlos Castro, declaró que desconocía quién había hecho las transferencias para pagar los colchones y que Raúl Carrillo tenía que autorizar todos los pagos.
Señaló que él y otra persona de nombre Oscar estaban autorizados para hacer pagos, pero sin la firma de Raúl éstos no podían hacerse.
Mencionó que el secretario era el titular y apoderado legal de la cuenta bancaria y para cualquier transacción se requería de su autorización.
La Fiscalía acusa que Carlos eligió a los proveedores de los colchones, entre ellos un amigo de él; en la declaración inicial el acusado mencionó que Morayma Yaseen fue quien buscó a los proveedores y negoció las compras.
Aseguró que después de la contingencia, en una reunión en la que estaba presente Raúl Carrillo, Morayma informó que ya había conseguido a los proveedores y dio a conocer la lista.
Para el juicio la Fiscalía y la defensa tenían como testigos a ambos funcionarios.
A Carrillo Castaños la Fiscalía lo llevaría a declarar sobre las transacciones que se hicieron para pagar los colchones y que según la dependencia hizo Carlos.
Con la declaración del ex funcionario la Fiscalía pretendía introducir documentos para acreditar que Carlos fue quien hizo los pagos pero por la inasistencia, esas pruebas quedaron fuera del juicio.
En las cuatro ocasiones en las que se intentó abrir el juicio, entre marzo y octubre, el ex funcionario acudió pero cuando fue citado a declarar ya no se presentó.
La primera cita era para el 26 de noviembre y no fue.
Después lo volvieron a llamar y luego la Fiscalía se comprometió a llevarlo.
Carrillo Castaños no se presentó en ninguna de las ocasiones y el juez declaró desierto el testimonio.
Como testigo de la defensa fue citado para el viernes 11 de diciembre y tampoco acudió.
En esa audiencia los abobados desistieron de su testimonio Morayma Yaseen también acudió al Centro de Justicia las cuatro ocasiones en las que se intentó abrir el juicio pero cuando finalmente pudo empezar no fue.
Luego de que se abrió el juicio la actual funcionaria de la Secretaría de Economía fue citada como testigo de la Fiscalía y no acudió.
En una de las audiencias los fiscales dijeron al juez que desistía de la declaración.
La defensa la llamó para que compareciera el viernes 11 y de nueva cuenta no fue y también desistieron de su testimonio.
Raúl y Morayma no enviaron justificación para no acudir al juicio en ninguna de las ocasiones en las que fueron citados.
El juicio empezó el 9 de noviembre y el viernes pasado fue el último día para que declararan los testigos.
Para ese día, además de Raúl Carrillo y Morayma Yaseen, estaba citado Raúl Angulo, representante legal de la empresa El Mariachi, una de las que vendieron los colchones y no acudió.
La defensa se desistió de todos sus testigos con lo que terminó la etapa de testimoniales.
El próximo lunes la defensa y la Fiscalía presentarán sus alegatos de clausura y en un plazo no mayor a 24 horas el juez dictará el fallo absolutorio o condenatorio.
En los alegatos de apertura, el 9 de noviembre, los fiscales aseguraron que demostrarán que Carlos es responsable de los delitos por los que está acusado.
En sus alegatos los defensores señalaron que demostrarán que Carlos no es el responsable y que la Fiscalía hizo una investigación sin objetividad y con un afán inquisitivo.
Castro Olivas está acusado de peculado y el primer día de juicio la Fiscalía dijo que no había seguido la ruta del dinero por lo que reclasificaría el delito.
El juez señaló que lo que la Fiscalía pretendía hacer era un desistimiento de la acusación y necesitaban la autorización del Fiscal General para hacerlo y éste no la otorgó.
Al juicio acudieron a declarar los vendedores de los colchones que señalaron que Carlos sabía que eran reconstruidos.
Esos colchones, indicaron, son los que compran los chatarreros en las calles y los reparan y los venden pero los clientes siempre saben que son reconstruidos.
También declaró una perito contable de la Fiscalía que dijo que no había podido establecer quién hizo las transferencias para pagar los colchones.
En su análisis detectó que las facturas eran irregulares porque las empresas que las emitieron no se dedicaban como giro a la venta de colchones, por lo tanto podía ser operaciones inexistentes o simuladas, sin embargo, eso no lo dejó asentado en su dictamen.
Castro Olivas fue vinculado a proceso penal el 23 de octubre de 2018 y, esta semana, dos años después, concluirá el proceso penal.
Artículo publicado el 13 de diciembre de 2020 en la edición 933 del semanario Ríodoce.
