Todo parece arreglado para que no haya castigos en el caso de los colchones podridos

La Fiscalía Anticorrupción no sabe quién hizo las transferencias para pagar los colchones podridos y desistió de uno de los testigos que hablaría sobre el manejo de la cuenta de la que salió el dinero.

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Durante la semana pasada continuó el juicio oral contra Carlos Castro Olivas, ex coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, acusado de peculado y negociaciones ilícitas.

Una de las testigos fue la perito Cintia Ortegón que fue llevada por la Fiscalía para hablar sobre el peritaje contable que hizo.

La perito señaló que el titular de la cuenta bancaria era el entonces secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños y el administrador era Carlos Castro.

Mencionó que los autorizados para el manejo de los recursos de la cuenta eran Raúl, Carlos y Óscar Camacho.

Por preguntas de la defensa dijo que no pudo acreditar quién hizo las transferencias por 2 millones 970 mil pesos para el pago de los colchones.

-¿Sabes quién realizó las transferencias a Benjamín Landgrave y a Grupo El Mariachi?, preguntó el defensor Marco Antonio Arámburo

-No lo puedo precisar, respondió

-La pregunta es muy sencilla, ¿sabes quién realizó esas transferencias?, insistió el abogado

-No, contestó la perito

En su declaración la perito dijo que se realizó una transferencias por un millón 350 mil pesos y una por 270 mil a Benjamín Landgrave y una a Grupo El Mariachi por un millón 350 mil pesos.

Mencionó que las facturas por el pago de los colchones fueron emitidas por empresas cuyo giro no es la venta de colchones.

El objeto social de Benjamín como persona física, explicó, es representaciones artísticas y de Grupo El Mariachi, las actividades agropecuarias.

“Se pudiera observar una operación simulada porque no tienen activos materiales ni los recursos para realizar esas operaciones”, dijo.

Manifestó que pudieran calificarse como operaciones inexistentes.

Sin embargo, ante cuestionamientos de la defensa, señaló que en el dictamen que emitió no quedó establecido que la emisión de las facturas es irregular.

-¿En el dictamen quedó establecido cuál era el objeto social de las empresas?, preguntó el defensor

-No, respondió la perito

-¿Quedó establecido que las facturas eran irregulares?

-No.

Detalló que notificó al Ministerio Público de la irregularidad para que diera vista al SAT sobre posibles operaciones inexistentes pero eso tampoco quedó establecido en el dictamen.

La Fiscalía llevaría a declarar al ex titular de Sedesol, Raúl Carrillo, pero desistió.

El ex secretario hablaría sobre las transferencias que se hicieron para el pago de los colchones y para incorporar al juicio el documento en el que constan las transferencias.

El ex funcionario no acudió a la cita y el fiscal Librado Romero dijo desconocer los motivos por los que faltó y en ese momento dijo al juez que desistía.

Después del desistimiento el fiscal anunció que tenían nuevas pruebas que no habían ofrecido porque fueron descubiertas de último momento.

El 24 de noviembre Benjamín Landgrave acudió a declarar al juicio y dijo que él no vendió los colchones pero sí ayudó a Carlos a conseguirlos en Guadalajara y acusó que Carlos y su abogado coaccionaron a su contador para que facturara la compra y a él para que firmara un documento en el que aceptaba la responsabilidad e incluso le tramitaron un amparo sin su consentimiento.

Declaró que en octubre de 2018 después de que se dio a conocer que los colchones estaban en mal estado, él y Carlos acudieron a Guadalajara a buscar a la persona que los vendió pero no la encontraron y luego fueron al despacho de un amigo de Carlos y en ese lugar, Carlos le dictó a un licenciado un documento, fechas y cuadró números para responsabilizar a la vendedora de colchones y él lo grabó con su celular.

Señaló que tiene los videos pero no los entregó a la Fiscalía ni había hablado de ellos por temor a que le hicieran algo.

Tres días después de declarar en el juicio, Benjamín fue a la Fiscalía y dio otra declaración en la que entregó los videos y el documento que el abogado de Carlos quería que firmara.

La Fiscalía ofreció como prueba nueva los cinco videos, el documento que el abogado de Carlos presuntamente le pidió firmar a Benjamín para que aceptara la culpa y un peritaje sobre la firma que aparece en la demanda de amparo que Benjamín dijo no haber tramitado.

La defensa se opuso porque los videos fueron grabados sin consentimiento de Carlos por lo que viola su derecho a la privacidad.

El defensor Rafael Trejo señaló que el documento que Carlos dictó al abogado de Guadalajara es una denuncia de hechos que presentó en la Fiscalía de Jalisco y no es algo nuevo porque la Fiscalía Anticorrupción ya la conocía y está incluida en la carpeta de investigación.

Sobre el documento que supuestamente querían hacer firmar a Benjamín y el peritaje de la demanda de amparo no tienen relación con el juicio, indicó el defensor.

El juez Guadalupe Chávez no admitió las nuevas pruebas porque la Fiscalía no acreditó la pertinencia, además que no es creíble que Landgrave no presentó los videos antes por temor a que le hicieran algo.

La Fiscalía también había ofrecido el testimonio del representante legal de la empresa Grupo El Mariachi.

El representante fue citado y no acudió por lo que el juez ordenó presentarlo por la fuerza y no pudieron localizarlo, después la Fiscalía se comprometió a llevarlo y tampoco lo pudo encontrar.

El juez declaró desierto el testimonio pero el asesor victimal todavía tiene oportunidad de presentarlo.

Durante esta semana la defensa llevará a declarar a sus testigos, entre ellos el ex secretario, Raúl Carrillo Castaños.