Después de cuatro intentos el juicio por los colchones podridos se abrió pero por la falta de los testigos no ha avanzado en dos semanas.

El juez Guadalupe Chávez declaró abierto el juicio el pasado 9 de noviembre y desde entonces está detenido.

El acusado es el ex coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Castro Olivas, quién según la Fiscalía compró en 2 millones 970 mil pesos los colchones usados y que fueron entregados a los damnificados por la depresión tropical 19E en septiembre de 2018.

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Los testigos que la Fiscalía llevaría a declarar no acudieron y tras la orden de localización que giró el Juez no fueron encontrados.

Para la semana pasada estaba programado que declararan ocho testigos.

El viernes 13 estaban citados cuatro testigos que son personas que recibieron los colchones podridos pero no acudieron.

El Juez giró una orden de localización para que con el uso de la fuerza las llevaran a declarar el martes 17.

Ese día, el juez dio a conocer que los agentes investigadores no encontraron a las testigos pues en sus domicilios nadie abrió la puerta.

En una de las casas los vecinos dijeron que desde hacía varios días la vivienda estaba sola.

El Fiscal dijo que probablemente no estaban en sus casas por el “puente”, porque el lunes 16 fue día feriado.

La Fiscalía se comprometió a llevarlas a declarar otro día y pidió citar a otros cuatro testigos para el jueves 19.

A la audiencia del jueves tampoco acudieron los testigos que estaban programados.

Dos de ellos, agentes de la Policía Investigadora del Estado, no fueron porque están de vacaciones; uno de ellos, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social porque padece Covid-19; y la cuarta testigo, también funcionaria de la Sedesol, no fue notificada.

En esa audiencia el Fiscal Librado Romero dijo que se habían comunicado con las testigos que tenían que declarar el martes y comentaron que no habían ido porque en otras ocasiones iban y el juicio no empezaba y perdían tiempo.

La Fiscalía programó la declaración de sus 23 testigos para esta semana.

Entre los testigos se encuentran el ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo, y la Subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.

En la audiencia inicial el imputado acusó que Raúl Carrillo fue quien hizo los pagos y Morayma quien eligió a los proveedores de los colchones.

También declarará Benjamín Landgrave, quien facturó la compra de los colchones y según la fiscalía es amigo de Carlos y su negocio no tiene giro comercial de venta de colchones.

El resto de los testigos son las personas que vendieron los colchones usados, funcionarios de Sedesol, peritos, investigadores y una mujer que presuntamente fue intermediaria entre los vendedores y Carlos.

Lea: El fraude del funcionario de Sedesol por caso de colchones https://bit.ly/2CA4isT

En sus alegatos de apertura, Rafael Trejo, el abogado del acusado, dijo que durante el juicio se demostrará que Carlos no es el responsable.

Aseguró que Castro Olivas, por órdenes de Raúl Carrillo, buscó la forma de ayudar a los damnificados y se vio envuelto en un problema que nunca imaginó.

Mencionó que la acusación de la Fiscalía no tiene objetividad ni contiene elementos de cargo.

La investigación, indicó, carece de objetividad y tiene un afán inquisitivo con hechos fuera de toda lógica.

No se sustenta la teoría de la fiscalía, carece de lógica. Los testigos dirán cómo pasaron los hechos, señaló.

Aseguró que Carlos ha enfrentado un proceso víctima de las circunstancias.

“Su señoría, ante la ausencia de conducta criminal no tendrá opción que dictar sentencia absolutoria”, expresó.

Carlos Castro enfrenta el juicio oral por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

Al inicio del juicio la Fiscalía pidió al Juez reclasificar el delito de peculado pero el juez lo rechazó porque lo que pretendía hacer era desistir de la acusación, no reclasificar.

El Juez pidió que llevaran la autorización del Fiscal General para el desistimiento pero no lo autorizó.

El proceso penal empezó en octubre de 2018 con el auto de vinculación.

El juicio fue programado para iniciar el 2 de marzo de este año pero las personas que vendieron los colchones, que viven en Guadalajara, no acudieron por falta de recursos.

Después fue programado para marzo y por la pandemia el Poder Judicial suspendió actividades y no pudo iniciar.

En agosto y septiembre se volvió a programar y en ambas tampoco empezó porque los testigos de Guadalajara no acudieron argumentando que no había condiciones sanitarias y tenía temor de contagiarse de Covid-19 en el viaje.

Por el delito de peculado, en la acusación formal la Fiscalía pidió una pena de 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos; y por el de negociaciones ilícitas pide cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación.

Al iniciar el juicio la Fiscalía dijo que no tenía elementos para demostrar el peculado porque no pudo acreditar que obtuvo un beneficio económico para sí o para terceras personas porque no se estableció la ruta del dinero.

Artículo publicado el 22 de noviembre de 2020 en la edición 930 del semanario Ríodoce.