abril 10, 2021 10:16 PM

Cuatro nuevos notarios estaban impedidos para recibir fiats

CARLOS GANDARILLA. Sin derecho.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel otorgó fiats a cuatro funcionarios de su gobierno que eran incompatibles para ser sujetos al examen de calificación para ser designados notarios públicos.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, los interesados en presentar el examen de calificación para que el titular del Poder Ejecutivo los pudiera designar como Notario, no deberían ser servidores públicos remunerados.

El caso más notorio por la jerarquía de su puesto a nivel secretario, fue el del entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla Carrasco, quien dio a conocer su renuncia el mismo día en que el gobernador encabezó la ceremonia para entregar los fiats notariales.

El artículo 7 de la misma ley señala que las funciones del Notario son incompatibles con ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios, sea en cualquiera de los poderes públicos, en la administración pública centralizada o paraestatal, o en los cargos constitucionales autónomos o de cualquier otra naturaleza.

Pese a lo señalado en la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, fueron aceptados para presentar su examen de calificación para ser designados notarios: Carlos Gandarilla Carrasco, secretario de Desarrollo Sustentable; Rafael Rodríguez López, procurador Fiscal del Estado; Jaime Salomón Harris Piña, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y Miguel Ángel Pérez Sánchez, director del Instituto de Defensoría de Oficio.

Tanto Jaime Salomón Harris Peña como Rafael Rodríguez López ya estaban hace tiempo en la mente del gobernador, quienes el año pasado fueron propuestos por el mandatario estatal dentro de la terna que envió al Poder Legislativo para elegir al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

La convocatoria para presentar el examen de calificación de notarios fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el pasado 6 de julio por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para llamar a todos los interesados que reunieran los requisitos de ley a presentar su documentación respectiva.

A partir del 7 de julio, fecha de entrada en vigor de la convocatoria publicada como un decreto administrativo, los interesados tenían un plazo de 15 días para presentar su solicitud por escrito y los documentos que acreditaban el cumplimiento de los requisitos.

Según el texto de la convocatoria emitida, el director del Archivo General de Notarías, Natividad Madrid Uriarte, debió verificar en un término posterior de 10 días hábiles, como exige la ley, si el interesado inscrito cumplía los requisitos. Lejos de descartar la participación del examen, los funcionarios estatales recibieron la certificación para señalar, día, hora y lugar para su examen de calificación.

El artículo 24 de la Ley de Notariado señala que el Ejecutivo del Estado puede solicitar a las autoridades o instituciones correspondientes, los informes y constancias necesarias para verificar si el interesado cumplía con los requisitos anteriores.

Lo anterior fue un asunto que quedó literalmente en casa, ya que los 126 aspirantes a un fiat notarial entregaron su documentación en la Dirección del Archivo General de Notarías de la Secretaría General de Gobierno.

 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. Los beneficios del poder.

 

Precisamente de la Secretaría General de Gobierno depende el Instituto de Defensoría de Oficio en donde Miguel Ángel Pérez Sánchez era titular; y también el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jaime Salomón Harris Peña.

El procurador Fiscal del Estado, Rafael Rodríguez López, evidentemente era otro funcionario activo remunerado, dependiente de la secretaría de Administración y Finanzas. Como evidencia puede encontrase en la página de Facebook del Instituto de Defensoría de Oficio su participación como funcionario en una videoconferencia ofrecida para Ismujeres en la segunda semana de septiembre.

En su calidad de secretario de Desarrollo Sustentable, Gandarilla Carrasco, tenía como jefe inmediato al gobernador, y también en su carácter de funcionario activo estaba impedido para ser aspirante a la evaluación.

Los nombres de los cuatro funcionarios estatales incluso todavía aparecen en las páginas institucionales en internet del gobierno estatal, como funcionarios activos, al no haberse actualizado.

 

Designación de fiats fue un “regalo prenavideño”: Morena

Para el Grupo Parlamentario de Morena la entrega de fiats notariales fue un “regalo prenavideño” porque en la lista de beneficiarios aparecieron ex funcionarios estatales, hijos, hermanos de políticos priistas, ex acaldes, abogados afines al PRI y amigos del gobernador.

Los diputados morenistas, en voz de Marco César Almaral Rodríguez, señalaron que la lista de nuevo notarios es ofensiva para el criterio de imparcialidad en el servicio público.

Desde el punto de vista de los legisladores de Morena prevalecieron los criterios políticos, el favoritismo, el amiguismo y las complicidades políticas en los nombres de los nuevos notarios.

Cada uno de los nuevos titulares de un fiat debieron haber acreditado, con apego a la ley, al menos dos años continuos de experiencia de trabajo en una Notaría, previo a la emisión de la convocatoria, entre otros requisitos.

Morena también cuestionó que en la entrega de nuevo fiats el gobernador tampoco se apegó a un criterio de equidad de género al entregarlos a 46 hombres y solamente a ocho mujeres.

“Recordó el Club de Tobi y sus amigos”, expresó Almaral Rodríguez al cuestionar la lista de los nuevos notarios que empezarán sus funciones en un plazo de 90 días.

 

Los nuevos notarios cuestionados

Jesús Burgos Pinto, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ex alcalde de Guasave, ex diputado local y federal.

Arturo Duarte García, ex alcalde de Ahome y ex subsecretario de Administración con Mario López Valdez.

Manuel Octavio Aguilar Sánchez, sobrino del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Jesús Enrique Hernández Chávez, hijo de Jesús Enrique Hernández Chávez, ex dirigente estatal del PRI y ex diputado presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado.

Luis Manuel Bouciéguez Velarde, hijo del subsecretario del Gobierno del Estado, Joel Bouciéguez.

Carlos Gandarilla Carrasco, secretario de Desarrollo Sustentable e hijo del dirigente estatal del PRI, Víctor Gandarilla.

Rafael Rodríguez López, procurador Fiscal del Estado.

Jaime Salomón Harris Piña, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Luis Manuel Cárdenas Ibarra, hijo del ex procurador de Justicia y diputado de PRI, Luis Antonio Cárdenas Fonseca y Ana Martha Ibarra, ex comisionada de Ceaip.

Miguel Ángel Pérez Sánchez, director del Instituto de Defensoría Pública.

Alfonzo Inzunza Lagunas, hijo de Alfonso Inzunza Montoya, ex alcalde de Salvador Alvarado, ex diputado federal del PRI.

Artículo publicado el 22 de noviembre de 2020 en la edición 930 del semanario Ríodoce.

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