La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, declaró que sorprende y es sospechoso el amparo que interpuso el Comité de Participación Ciudadana contra la aplicación de las disposiciones de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Similares.
Explicó que el referido comité había participado previamente ante de la aprobación de la ley, en las mesas de trabajo y no había manifestado ningún desacuerdo, e incluso recientemente se acercaron al Congreso del Estado para mover la fecha de la integración de los Comités de Obras.
Calificó como extraño que cuando el Comité de Participación Ciudadana acudió al Congreso del Estado para manifestar su inconformidad sobre la integración de los 32 comités de obras, y expresar la preocupación por la falta de recursos públicos para el procedimiento, estuvieran acompañados por el asesor jurídico de Gobierno del Estado, Rafael Betancourt Gómez.
Pareciera, dijo, que existiera un interés de Poder Ejecutivo de detener la aplicación de la Ley de Obras Públicas, en la creación de comités de obras y aplicación de las facultades de los testigos sociales, vía el Comités Ciudadano Anticorrupción.
Advirtió que el Congreso del Estado defenderá que se mantengan la creación de comités de obras públicas mediante un proceso de selección en el que participe el Comité de Participación Ciudadana, así como la facultad de los testigos sociales para que puedan dar vista a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía General y a los Órganos Internos de Control, cuando detecten actos de corrupción.
Estimó que la estrategia del gobierno estatal puede ser la dilatar la aplicación de la nueva Ley de Obras Públicas, porque desde el principio se retardó tres meses su publicación en el Periódico Oficial para que entrara en vigor las reformas; luego argumentó el Comité de Participación Ciudadana no estar en condiciones de tiempo y prepuesto para la integración en el plazo establecido de los comités de obras.
Domínguez Nava mencionó que ahora con la presentación del amparo es posible que al inicio del año no puedan integrarse comité de obras con ciudadanos y por otro lado que los testigos ciudadanos no tengan todavía las nuevas atribuciones.
Destacó que la integración de los comités de obras y la ampliación de las facultades de los testigos sociales son los cambios más importantes de la nueva Ley de Obras que buscan vigilar los procesos de licitación de la obra pública.
Expresó que sorprende que justamente en las nuevas disposiciones de la Ley de Obras que tiene que ver mecanismos para hacer más transparente todo el proceso de licitación, el Comité de Participación Ciudadana está en desacuerdo.
Afirmó que no se están violentando las disposiciones legales para lo cual fue creado el sistema anticorrupción, ya que las reformas están pensadas en que el Comité de Participación Ciudadana tiene su esencia en participar, vigilar y garantizar que no existan mecanismos de corrupción.
Calificó como desproporcional que ahora se esté argumentando que porque no viene en su ley del Sistema Anticorrupción, entonces no es correcto que ellos puedan participar, cuando por el contrario se necesitan figuras como éstas que puedan tener una mayor participación, para establecer reales mecanismos para vigilar que no se den casos de corrupción.
