julio 25, 2021 10:21 AM

Postergan plazo para entrada de testigos sociales y comités en Ley de Obras

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Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó ampliar el plazo para la actuación de los testigos sociales y comités de obras integrados por ciudadanos contemplados en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.
Con las modificaciones, las instituciones que realicen obra pública tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 para actualizar sus normas internas e integrar los comités de obras.
Estos serán designados por el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, pero los que esten actualmente integrados continuarán funcionando en tanto se designa a los primeros.
En el caso del padrón de los testigos sociales si no se pueden integrar en 90 días, el artículo transitorio reformado establece que los comités podrán realizar los procedimientos de licitación sin testigos sociales en tanto se registran los padrones de la figura de los testigos sociales.
En la sesión ordinaria de este jueves, la diputada Flor Isela Miranda Leal, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, explicó que el Congreso recibió de parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la petición de ampliar los plazos previstos para la integración del padrón de testigos sociales y los comités de obras.
Expuso que con las adecuaciones al marco legal, se buscó fortalecer los mecanismos de transparencia en la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y la rendición de cuentas, generando con ello certidumbre sobre la acción gubernamental.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas aprobada en junio, los comités de obra pública tendrían 60 días para su integración, luego de la entrada en vigor el pasado mes de septiembre, en tanto que los órganos internos de control de las instituciones tendrían un plazo de 90 días para crear el padrón de testigos sociales en función de la cantidad de obras a ejecutarse.

El marco legal aprobado establece además la obligación de que toda licitación, sin importar su monto, cuente con la participación de un testigo social.

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