El juicio por los colchones “podridos” se difirió hasta el próximo mes debido a que varios testigos están aislados por Covid-19 y otros se negaron a acudir.
El juicio estaba programado que iniciara hoy contra el ex coordinador Administrativo de la Sedesol estatal Carlos Castro Olivas por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
Al iniciar la audiencia la Fiscalía dijo al Juez que dos agentes investigadores y una perito contable que acudirían como testigos están aislados por sospecha de Covid-19.
Otros seis testigos, que residen en Guadalajara, Jalisco, no quieren viajar porque no hay condiciones sanitarias para hacerlo, dijo.
El Fiscal solicitó al Juez aplazar 40 días el inicio del juicio.
Los abogados defensores señalaron que por su parte no había oposición para diferir el juicio ya que los testigos que mencionó la Fiscalía también son testigos de la defensa.
El Juez decidió posponerlo hasta el próximo mes.
El resto de los testigos que comparecerán ya habían llegado al Centro de Justicia Penal de la Región Centro.
Entre los testigos se encontraban el ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo; y la Subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.
Castro Olivas está acusado de pagar dos millones 970 mil pesos por colchones que resultaron usados y fueron entregados a damnificados de la depresión tropical 19E en septiembre de 2018.
Los colchones presuntamente fueron comprados a un amigo del acusado y a una empresa cuyo giro comercial no es la venta de colchones.