Es legal, pero no está claro para qué los quieren: Congreso

El Gobierno de Quirino Ordaz Coppel contratará dos créditos por un total de 500 millones de pesos por “insuficiencia de liquidez”.

La deuda será adquirida con créditos quirografarios con plazo de un año.

Solicitar créditos quirografarios, pagaderos a un año, es una práctica recurrente en la administración de Ordaz Coppel.

En 2018 y 2019, el gobierno estatal contrató este tipo de deuda a corto plazo por 900 millones de pesos cada año.

En la actual administración no se han contratado créditos a largo plazo, los siete que están vigentes fueron en los gobiernos de Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.

De acuerdo con el documento Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos, firmado por el Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, el pasado 23 de junio se analizaron las propuestas de las instituciones bancarias para el nuevo crédito.

El destino del dinero es “cubrir las necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.

El plazo total del financiamiento es de 365 días naturales a partir de que se celebre el contrato y la fecha límite del vencimiento debe ser julio de 2021.

Para el proceso invitaron a nueve bancos a enviar a propuestas, pero tres, Banamex, Scotianbank y Banco del Bajío, rechazaron la invitación.

De los seis restantes, ninguno envió propuesta con una línea de crédito por 500 millones de peso como solicitó la SAyF, por lo que la dependencia decidió contratar dos créditos.

Considerando la sobre tasa de interés más baja, el gobierno estatal eligió contratar un crédito por 300 millones de pesos con BBVA con una tasa de interés de 0.93 por ciento.

Con Banorte contrató otro por 200 millones de pesos con una tasa de interés de 1.50 por ciento.

Para el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta, no está justificado que se solicite un crédito porque la administración estatal debe tener recursos.

“Yo no estoy de acuerdo en que estén pidiendo créditos porque para empezar han habido más de 800 millones de pesos de excedente que les ha mandado la federación, que no están en la Ley de Egresos, en el presupuesto de ellos que nosotros aprobamos; entonces estoy hablando de una cantidad considerable, 800 millones y aparte están pidiendo 500 millones”, dijo.

Señaló que “no han explicado para qué los quieren, simple y sencillamente están diciendo que van a pedirlos, que ya tienen la licitación y todo, pero es parte de la transparencia que nosotros estamos pidiendo, nosotros queremos que se diga o que lo hagan público, la ley no los obliga a explicarle al Congreso pero que hagan público qué es lo que quieren comprar, qué es lo que quieren hacer con ese dinero; nosotros nos vamos a enterar hasta cuando lo anexen a la cuenta pública entonces vamos a saber para qué fue la inversión esa”.

Estos recursos al momento en que se ingresen a las cuentas del estado automáticamente lo tienen que registrar en la cuenta pública y ya al registrarse es fiscalizado por el congreso en la auditoría del ejercicio en el cual fue incluido, explicó.

Manifestó que podrían llamar al Secretario de Administración y Finanzas Luis Alberto de la Vega a comparecer al Congreso para que explique el destino que se le dará al crédito.

El actual titular de la SAyF, indicó, ha mostrado menor transparencia que el anterior, Carlos Ortega Carricarte, ya que cuando le solicitan información responde con evasivas y ejemplificó el caso del estadio de futbol de Mazatlán, del que han pedido informes y hasta la fecha el Congreso desconoce toda la información relacionada.

En el caso del crédito que solicitarán, indicó, si el gobierno estatal no explica cuál será el uso, el Congreso sabrá hasta que termine el ejercicio fiscal y ya se haya utilizado.

Por tratarse de deuda de corto plazo no es necesario que pidan autorización al Poder Legislativo, señaló.

“Están haciendo las cosas dentro de sus facultades, están haciendo las cosas por la vía legal, la ley se los permite y en ese sentido lo único que nos queda a nosotros es darle seguimiento para ver el uso que le van dar a esos recursos y cómo fueron aplicados”, dijo.

El año pasado el gobierno estatal contrató dos créditos a corto plazo por 900 millones de pesos.

Uno de los créditos fue con BBVA por 500 millones, el 25 de junio; y el otro, con HSBC por 400 millones, el 26 de agosto.

En 2018 fueron tres créditos con plazo de un año por un total de 900 millones de pesos, con Bancomer, Banorte y HSBC.

La deuda pública directa del Estado está compuesta con siete contratos de crédito, el primero del 2006 y los siguientes de entre 2010 y 2013 con Banorte, Banamex y Bancomer, por 5 mil 798 millones de pesos.

El saldo actual de la deuda pública estatal es de 4 mil 824 millones 189 mil pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los saldos de las deudas estatales, Sinaloa se ubica en la posición 14, de menor a mayor, lo que manifiesta que el Estado continúa con una adecuada y responsable política en el manejo de sus obligaciones financiera de largo plazo y corto plazo; aunado a que se caracteriza por haber celebrado dichas obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado, con tasas de interés competitivas al mercado financiero.

En noviembre de 2018, la SAyF, celebró una reestructura de cada uno de los siete créditos de largo plazo que se tienen con la banca comercial, para bajar la sobre tasa de 0.76 por ciento a 0.33 por ciento respecto al monto contratado.

Con esta reestructura se prevé una reducción de costos de alrededor de 210 millones de pesos.

La restructuración también permitió liberar participaciones federales que servían como garantía de deuda.

La Secretaría de Administración y Finanzas estima que al terminar la administración la deuda quedará en 3 mil 870 millones de pesos.

Artículo publicado el 12 de julio de 2020 en la edición 911 del semanario Ríodoce.