Al ser omiso el gobernador Quirino Ordaz Coppel en informar sobre los acuerdos celebrados con particulares sobre la ocupación del estadio de futbol profesional de Mazatlán, los presidentes de las comisiones de Fiscalización, y Juventud en el Congreso del Estado demandaron la intervención de la Comisión Estatal para al Acceso a la Información Pública.

En video conferencia, los diputados de Morena, Marco Antonio Zazueta y Yeraldine Bonilla cuestionar que desde el pasado 9 de junio solicitaron al gobernador y los titulares de otras dependencias involucradas, brinden la información.

Enfatizaron que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ceaip debe vigilar y verificar que se cumplan las obligaciones, como es la información relacionada con las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas por el Gobierno del Estado a la empresa TV Azteca, mediante su equipo de futbol profesional Mazatlán FC.

Los diputados calificaron que el estadio está ocupado de “manera oscura” por particulares dedicados a la actividad lucrativa del deporte, a pesar de que el inmueble le fueron destinados recursos públicos por 652 millones de pesos en un terreno de desconocida propiedad.

Los legisladores advirtieron que llegaran hasta las últimas instancias para clarificar las condiciones en que fue cedido el estadio a particulares.

Criticaron que por las propias versiones que se han atribuido al gobernador, el inmueble fue cedido mediante un comodato, una figura que en el artículo 2379 del Código Civil permite concederlo de manera gratuita, lo que produciría además del lucro particular por el uso inmueble, ningún ingreso a las arcas públicas.

El comodato, señalaron, sería en menoscabo de la Ley de Cultura Física y Deporte que señala que la infraestructura del deporte financiada con recursos del errario, sea puesta a disposición de la comunidad para su uso público.

A ello se suma que por mandato de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, la enajenación de bienes inmuebles ya sea por venta, permuta, cesión y otro título, requiere para su validez la aprobación del Congreso del Estado.