Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tenga la facultad constitucional de medir la concentración de riqueza en país.

Esto lo dio a conocer el dirigente nacional de Morena en el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional, el cual, dijo debe reconstruirse ante las demandas de la emergencia económica y sanitaria, razón por la que propuso una serie de modificaciones al documento original y que ahora plantea reformas al sistema jurídico.

En la primera de las cinco modificaciones planteadas por el morenista, se establece que el ‘Estado de Bienestar’ debe quedar plasmado en la Carta Magna, pues con ello refiere a “los nuevos sistemas que trascienden programas parciales y sintetizan y aseguran derechos ineludibles para todos los mexicanos”, publicó Eje Central.

Además, indica que este debe propiciar la construcción de un nuevo estado que “habrá de emerger de la crisis que estamos padeciendo”.

Un segundo aspecto, indica, es que el Inegi debe tener la facultad constitucional de medir la concentración de riqueza. En ese sentido demanda, “con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.

Para logarlo, el documento plantea que el Inegi debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

Como tercer eslabón, el documento morenista señala que la Progresividad Fiscal deber ser la base sobre la cual todos lo mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar.

Esta progresividad, señala, deberá aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.

En el cuarto peldaño, se pide construir un Consejo Fiscal, el cual Deberá ser un organismo con autonomía y profesionalismo que dependerá del Congreso de la Unión. Su función será medir y evaluar la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano.

Según el documento, la propuesta de creación para este organismo se argumenta en que el “país requiere de un organismo que tenga la responsabilidad de mostrar cada año si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que más vulnerabilidad presentan”.

Por último, indica que la Constitución debe otorgar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con el argumento de que hay empresas que tienen una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población y que se han convertido en una de las fuentes más grandes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana.

En ese tenor, pide que la Cofece tenga la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiban la competencia en los distintos mercados.