En Sinaloa cada vez hay más personas desplazadas. Prácticamente en todo el Estado hay quienes han preferido dejar sus hogares por problemas de inseguridad y violencia, y a todas ellas, por mandato, se les atiende únicamente de forma asistencialista.

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El Consejo Nacional de Población estableció que entre 2011 y 2018 fueron 235 mil 897 personas que dejaron sus hogares en el estado de Sinaloa, calculado por distintas variables, entre ellas la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Sin embargo, en los cálculos locales, a través de un censo que se inició por la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, apenas alcanzan los 7 mil 800 registros de personas.

“Nosotros lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado implementando es precisamente, generar mesas receptoras, pero también hemos estado acudiendo a las comunidades”, explicó Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social.

“Y aprovechando esas visitas que hacemos a las comunidades,vemos ahí mismo si hay datos de desplazamientos”.

La atención ocurre por distintas situaciones.

Todo inició en 2015, con una serie de medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció, entre otras cosas, asegurar la integridad de personas desplazadas, entre ellas Esperanza Hernández Lugo, originaria de Ocurahui, del municipio de Sinaloa.

Después de ello, en 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Sinaloa y a la Secretaría de Gobernación con otras medidas, como la de aplicar un censo con la intención de crear políticas públicas enfocadas en seguridad, desarrollo económico, de salud y educación.

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Pasó un año y no se atendió la recomendación, pero entre diciembre 2018 y enero de 2019, dentro de una serie de disputas entre Gobierno del Estado y el Legislativo por el Presupuesto de Egresos, se incluyó en una partida por 30 millones para atención a personas desplazadas.

Ese recurso se discutió con líderes de grupos de desplazados, ocurriendo distintas solicitudes, como las de compra de terreno y construcción de viviendas.

En medio se sostuvo la propuesta de la creación de un censo, el cual se elaboró con una metodología dirigida por investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente.

El conteo, pese a ser indicado como una forma de medición de la violencia para crear políticas públicas de atención integral, se convirtió en un registro que parte de ferias de servicios o por concentraciones de personas que son avisadas a través de líderes sociales.

“Ellos nos pedían (los líderes sociales) no cerrar el censo y nosotros decíamos que sin ningún problema íbamos a mantenerlo, pero yo creo que tendremos que mantenerlo todavía hasta el año entrante y tendremos que llegar a otros puntos”, dijo Madrid Pérez.

La Secretaría de Desarrollo Social establece que esa forma es viable para seguir ampliando el conteo, que a la fecha ha sido utilizado únicamente para hacer la entrega de despensas, de estufas ecológicas, entrega de fondos para proyectos productivos menores a los 20 mil pesos y la compra de un terreno en Mazatlán.

Es decir, a la fecha no se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de las comunidades donde habitaron personas que hoy están desplazadas. Tampoco se cuenta con nuevas políticas sobre seguridad, educación, empleo o de salud.

Para 2020, luego de los reajustes en el Congreso sobre el Presupuesto de Egresos, se etiquetaron 40 millones de pesos para la atención de personas desplazadas, los cuales se prevén para un gasto similar al de 2019.

“Ya materializamos un terreno en Mazatlán, ya materializamos un terreno en Choix y estamos trabajando para materializar dos terrenos en la zona centro-norte y uno más en el sur del estado”, señaló.

—¿Y el de Culiacán?

—Ese sí está muy avanzado”

Para Madrid Pérez, la atención a las personas desplazadas debe partir de asegurar una estabilidad dirigida desde los líderes de grupos sociales, que han establecido la necesidad de tener terrenos y viviendas.

Es así como se ha integrado una serie de solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por recursos con los que se pueda construir techos, pisos y paredes.

“Buscar acciones de fondo que permita, por lo menos a las familias más vulnerables irles generando acciones de vivienda. Yo no me animaría ir diciendo una vivienda completamente terminada, pero si logras avanzar con los pisos, con los muros… ya estás ganando, ya estás generando una alternativa diferente”, expresó.

Esas acciones que refirió Madrid Pérez está dirigida para personas que no cuentan con vivienda, como una alternativa que emergente sobre solicitudes, debido a que también han encontrado que hay personas que han vuelto a sus hogares.

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“Este censo te da toda la generalidad, pero sí nosotros hacemos un trabajo de cruce con las autoridades municipales, llámese presidente municipal, con los mismos síndicos o comisarios para hacer verificaciones y ellos nos han arrojado: ‘oiga, este señor sí bajo, pero ya regresó y ya está viviendo allá’, y nos ha tocado casos en donde nos dicen sí vivo y regreso”, aseguró.

Artículo publicado el 05 de enero de 2020 en la edición 884 del semanario Ríodoce.