En el actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en México han sido asesinados 21 defensores de derechos humanos, de los cuales, dos estaban bajo el mecanismo de protección, dio a conocer la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

En entrevista para Aristegui En Vivo, Ángela Hernández, responsable de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Red TDT, expuso que existe una criminalización y persecución hacia los activistas.

Comentó que tanto en los últimos dos años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, como en el primero de Andrés Manuel López Obrador la violencia hacia personas defensoras ha crecido exponencialmente.

“En este primer año de López Obrador estamos registrando 21 personas defensoras que fueron asesinadas por la labor que realizaban”.

Dio a conocer que los estados con mayor incidencia son los mismos que durante el sexenio de Peña Nieto: Chiapas y Oaxaca, seguidos de Guerrero y Veracruz.

“De estas 21 personas defensoras, por lo menos 10 pertenecían a un pueblo indígena“.

Hernández Alvarado señaló que los defensores de la tierra son quienes más agresiones reciben, pues “hay empresas que están viendo sus intereses trastocados”.

Mencionó que, por lo menos, en seis casos son los gobiernos municipales quienes han tenido un papel muy importante, principalmente como actores intelectuales.

Además, agregó, la impunidad en estos casos es cercana al 100 por ciento, porque los agresores son principalmente funcionarios públicos, “lo cual implica que haya un pacto de impunidad y poca disposición al investigarlos”.

Asimismo, explicó, “nos encontramos con que no se incorpora debidamente su papel como personas defensoras, su trabajo que hacen, los intereses que se trastocan. Entonces, no suele ser una línea de investigación su trabajo como personas defensoras”.

“La impunidad lo que envía es un mensaje social de tolerancia, de permisividad. Entonces nos encontramos en un círculo vicioso, en el que estas acciones son permitidas socialmente, por la autoridad, y entonces son constantemente replicadas, abundó.

Por ejemplo, mencionó, en octubre pasado hubo un acto de represión contra una comunidad de Juan C. Bonilla, en Puebla, que se opone a un proyecto de alcantarillado. “Lo que vemos es que se despliega la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía municipal para reprimirlos“.

La representante de la Red TDT dio a conocer que de los activistas asesinados, dos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En ese contexto, consideró que algunos de los retos es lograr mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir e investigar la violencia hacia los defensores, y fortalecer financieramente al mecanismo de protección.

Expuso que además de los activistas asesinados, hay dos en calidad de desaparecidos desde agosto pasado: Aarón Méndez y Alfredo Castillo, quienes colaboraban en un albergue para migrantes en Tamaulipas.

En un comunicado, la Red TDT lamentó que México haya puesto la vida de los migrantes como moneda de cambio durante los acuerdos comerciales de junio pasado con Estados Unidos.

“Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2019, 165 mil 988 personas provenientes de Centroamérica y el Caribe, África y Asia fueron detenidas en la frontera o en algún punto de la ruta y llevadas ante la autoridad migratoria. Junto con el incremento en el flujo de migrantes, también subió el tono de la relación entre autoridades y personas defensoras de migrantes”, señaló.

Por otra parte, Hernández comentó que este conjunto de organizaciones impugnará, vía amparo, el nombramiento de Sara Irene Herrerías para la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, ya que no se cumplió debidamente con el procedimiento.

“No se emitió una convocatoria pública, hay falta de transparencia, falta de participación de la sociedad civil, y nos parece que eso es tan necesario en un cargo tan importante y tan relacionado con la crisis de derechos humanos actual. Esperamos la reposición del proceso y que se cumpla debidamente con los requisitos marcados en la ley orgánica”, abundó.