Ataques armados en bares, carreteras, viviendas, zonas serranas y rancherías han dejado 406 muertos y más de 90 lesionados en los primeros 11 meses del presente sexenio. Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Guerrero, son las entidades con mayor incidencia de atentados y víctimas fatales. Muy pocos detenidos, aunque organizaciones criminales han sido identificadas por los hechos
A casi un año de iniciada la actual administración federal, se han registrado 53 masacres en México, en las que han fallecido por lo menos 411 personas y más de 90 resultaron lesionadas, de acuerdo con un recuento realizado por esta casa editorial, en el que al menos cuatro personas han sido asesinadas por evento.
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Los homicidios múltiples ocurrieron en 16 entidades federativas, destacando por su violencia Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.
Indicadores delictivos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) destacan que durante 2018 se registraron 36 mil 685 homicidios en el país; mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, ocurrieron 28 mil 782, lo que indica que la cifra del año anterior podría rebasarse.
En todas las masacres cometidas en este sexenio se han empleado armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que entran de contrabando de Estados Unidos y otros países a México, para abastecer a las organizaciones criminales que en diversos territorios se encuentran en conflicto por el mercado negro de la droga y otros ilícitos como secuestro, extorsión y sustracción de hidrocarburos.
Entre las 411 víctimas de los asesinatos múltiples de referencia, se encuentran 375 hombres, 20 mujeres y 11 niños. Según los datos, entre los varones victimados 23 eran policías, cinco custodios penitenciarios y siete elementos del Ejército Mexicano. Entre los más de 90 lesionados en los mismos hechos también hay por lo menos seis niños y 11 policías estatales y municipales. Los ataques se registran por igual en sitios cerrados que abiertos.
La brutalidad de los grupos delictivos, muchos de ellos identificados, ha elevado la cuota de sangre y muerte en los estados con más agresiones. En 29 de las ocasiones los ataques armados de delincuentes tuvieron como blanco a personas de la sociedad civil, se reportaron siete confrontaciones entre grupos criminales organizados, una emboscada a militares y cuatro a policías.
Sin embargo, también en cuatro ocasiones el Ejército abatió a sus atacantes y policías eliminaron a presuntos delincuentes en cinco eventos. Otros dos hechos ocurrieron entre grupos de autodefensas.
Las masacres en bares son de espanto. Se tiene registro de 92 muertos y por lo menos 32 heridos en las agresiones en ese tipo de sitios de recreo. Guanajuato y Veracruz lideran la incidencia negativa en ese rubro.
El uso indiscriminado de armas de fuego se hizo sentir en bares y cantinas de las ciudades de Irapuato, Silao, Salamanca, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tepalcatepec, Playa del Carmen, y Guadalupe en Zacatecas.
Aún no cesa el horror que causó el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, el 17 de octubre en Culiacán, cuando se replicaron balaceras que dejaron ocho personas muertas. Tampoco se pueden borrar las imágenes de los asesinatos de tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón, el 4 de noviembre en la sierra de Bavispe, Sonora. Y en diversas partes del territorio nacional se siguen presentando homicidios múltiples.
Los hechos más recientes son la emboscada del 8 de noviembre en la comunidad de San Vicente Coatlán, Oaxaca, donde murieron cinco policías estatales y cuatro más fueron lesionados cuando realizaban labores de patrullaje a bordo de dos de sus unidades. Y los enfrentamientos entre militares y el Cártel del Noreste, el día 14 del mismo mes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con saldo de siete muertos, entre estos un soldado del Ejército Mexicano.
El último hecho se registró el jueves 21 de noviembre en Zacatecas, cuando cinco policías municipales de Fresnillo fueron emboscados por un comando en las inmediaciones del municipio de Calera.
Ni las autoridades federales, menos aún las locales, han podido revertir la espiral de violencia que se vive en sus territorios. De los 16 estados que registran masacres, ocho son gobernados por funcionarios emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), tres por Acción Nacional (PAN), dos por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), otro por Movimiento Ciudadano y uno por Partido Encuentro Social (PES).
Guerrero y Michoacán
La nueva administración presidencial no tardó muchos días en ver los primeros brotes de violencia. El 10 de diciembre de 2018 ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios en la zona serrana de Petatlán, Guerrero, con saldo de seis hombres muertos. A partir de entonces y a la fecha, Guerrero seguiría rindiendo cuota de sangre en balaceras y masacres.
El 27 de enero de 2019, grupos antagónicos de autodefensas chocaron en el camino a la comunidad de Paraíso de Tepila, en Chilapa. Cuando la Policía Estatal arribó al lugar, encontró dos camionetas baleadas con diez personas muertas a tiros y dos heridas. Meses después, el 21 de julio, durante el ataque a un bar en Acapulco, cinco hombres fueron asesinados y seis lesionados.
Por lo menos cuatro elementos del Ejército que realizaban tareas de erradicación de cultivos de droga murieron acribillados en Guerrero, producto de una emboscada del llamado Cártel de la Sierra, el 24 de septiembre.
Otro enfrentamiento, el 15 de octubre en Tepochica, municipio de Iguala, cargaría los muertos hacia el lado de presuntos delincuentes; 14 de los fallecidos fueron civiles y un militar.
Un nuevo tiroteo entre civiles armados se reportó en Guerrero, en la comunidad de Pochahuizco, municipio de Zitlala, el 24 de octubre. El saldo fue de nueve fallecidos. Las víctimas estarían vinculadas al grupo delictivo Los Rojos, liderado por Zenen Nava Sánchez el Chaparro, quien se disputa el territorio con la organización Los Ardillos.
En Michoacán ha ocurrido la mayor parte de los multihomicidios. Desde el registrado el 22 de febrero, cuando civiles y agentes de la Base de Operaciones Mixtas en Buenavista se enfrentaron a balazos en un intento por detener a Nicolás Sierra Santana el Gordo. Murieron nueve civiles y un mando militar.
Uruapan se convirtió en tierra de muerte. El 2 de abril, cuatro hombres fallecieron tras un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.
El 22 de mayo hubo otra balacera entre Los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera hacia Lombardía, donde diez personas perdieron la vida y tres quedaron heridas.
Dos días más tarde, dentro de una camionera incinerada que estaba a la orilla de la carretera El Durazno-Angahuan, fueron hallados cinco cadáveres calcinados. Para el 1 de junio, otros cuatro cuerpos sin vida y torturados se localizaron a un costado de la misma vía de comunicación, en la comunidad Las Cocinas.
El 25 de julio, en Uruapan, a las afueras de la funeraria San José mataron a tiros a siete personas y lesionaron a diez. Los presuntos autores fueron señalados como miembros de Los Viagra. Seis noches después, un grupo de sujetos armados arribó a las afueras de un domicilio de la colonia Infonavit Patria en la misma ciudad y asesinó a cuatro personas que se encontraban en un convivio.
El más dantesco hallazgo del sexenio se registró la madrugada del 8 de agosto, cuando autoridades dieron cuenta de los cadáveres de 19 personas colgadas y desmembradas en tres diferentes puntos de Uruapan, entre estos el Bulevar Industrial. Algunas de las víctimas eran miembros de la organización de Los Viagra. Fueron detenidas 14 personas.
En la comunidad de Loma Blanca, en Tepalcatepec, el 30 de agosto un enfrentamiento entre grupos delictivos dejó un saldo de nueve sicarios muertos y once lesionados.
El viernes 20 de septiembre cuatro personas murieron durante el ataque armado a un bar.
La más dolorosa de las masacres en Michoacán sucedió el 15 de octubre, cuando 13 policías estatales murieron y tres quedaron heridos, tras ser emboscados en El Aguaje, municipio de Aguililla. Fueron atacados por unos 30 sicarios del CJNG que viajaban en camionetas blindadas. También quemaron varias patrullas, robaron armamento y dejaron narcomensajes.
El 3 de noviembre la muerte reapareció en Uruapan y en un tianguis del automóvil, cerca de la plaza de toros, sujetos armados asesinaron a cinco personas.
Guanajuato y Veracruz
La guerra que sigue el CJNG en Michoacán también se traslada hacia Guanajuato, donde junto con su principal contendiente, el Cártel Santa Rosa de Lima, han protagonizado los más terribles episodios de violencia en la entidad del Bajío.
El 19 de diciembre de 2018, durante dos ataques a tiros en bares de Irapuato y Silao, seis personas murieron. Mientras que el 20 de febrero de 2019, cinco personas fueron asesinadas y dos quedaron heridas cuando un comando irrumpió en una vivienda de la comunidad Veta de Ramales, en Silao.
La madrugada del 9 de marzo, en el bar La Playa Men’s Club de la colonia San Roque, en Salamanca, 15 personas murieron y cinco resultaron lesionadas en un ataque a balazos por parte de un grupo armado que irrumpió en el establecimiento y disparó a clientes y empleados. El hecho fue atribuido al CJNG.
Durante un ataque en la comunidad San Antonio Calichar, municipio de Apaseo el Alto, ocho personas murieron (entre ellas un menor de edad) y cuatro fueron heridas el 6 de abril. Se supo que un comando armado llegó al mediodía a la localidad y disparó contra los habitantes y dos vehículos.
El 2 de agosto, en un sorpresivo ataque a la Comisaría de Policía del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, cinco personas murieron. A través de un video difundido en redes sociales, integrantes del CJNG acusaron a Antonio Yépez el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, de estar detrás del hecho registrado en los separos de la Policía Municipal.
Un nuevo multihomicidio en Salamanca, perpetrado el 10 de octubre, dejó cinco hombres muertos en un bar conocido como Raymond.
Veracruz es otro de los focos rojos del país. En Minatitlán, el viernes 19 de abril, sujetos empistolados irrumpieron en el salón de fiestas La Potra de la colonia Obrera, para acribillar a los asistentes. Murieron 14 personas, entre ellas mujeres y un niño de un año de edad. Las autoridades establecieron la línea de investigación de una venganza entre Los Zetas y el CJNG.
El 16 de mayo, cinco personas fueron asesinadas y cinco quedaron heridas en un ataque perpetrado por 12 sicarios en la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec.
El 27 de agosto ocurrió la mayor masacre en el país, al ser incendiado intencionalmente el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos. Por lo menos 30 personas murieron, entre ellas diez mujeres. Como presunto autor del ataque se identificó a Ricardo “N” alias la Loca, de 29 años.
Del sureste al norte
En el bar Las Virginias de Playa del Carmen, Quintana Roo, una balacera dejó un saldo de siete personas muertas y una lesionada la noche del 6 de enero. Se aseguró que el ataque está presuntamente relacionado con el narcomenudeo.
Otra balacera en una cervecería de Playa del Carmen, la noche del 13 de mayo, terminó con un muerto y once lesionados.
Tres días después, en el estacionamiento del bar La Gota del mismo destino turístico, fue localizado sin vida el reportero Francisco Romero, mejor conocido como el Ñaca, quien presentaba golpes y un impacto de bala en la cabeza.
El 9 de enero, miembros del Ejército localizaron 21 cuerpos —17 de estos calcinados— y cinco camionetas incineradas en el Ejido Refugio Hinojosa, municipio Miguel Alemán, Tamaulipas. Trascendió que el hallazgo fue producto de un enfrentamiento entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
En la autopista a Nuevo Laredo, el 9 de marzo elementos del Ejército y hombres armados se enfrentaron a tiros con un saldo de seis civiles muertos. Presuntamente los soldados repelieron una agresión de los sujetos armados que se desplazaban a bordo de por lo menos diez vehículos.
El 15 de agosto, un enfrentamiento entre policías de Tamaulipas y hombres armados dejó otros seis presuntos delincuentes fallecidos, en una brecha del municipio de San Fernando, a la altura del poblado González Villarreal.
El 27 de agosto hubo dos balaceras en Nuevo Laredo entre la Policía Estatal y el grupo criminal identificado como La Tropa del Infierno. Los uniformados abatieron a once de los presuntos delincuentes.
También durante la primera semana de septiembre, policías estatales sostuvieron un enfrentamiento en Nuevo Laredo con un saldo de ocho civiles muertos. Se investiga una posible ejecución extrajudicial.
En la colonia Loma Linda de Saltillo, Coahuila, un enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados dejó un saldo de nueve presuntos criminales muertos y dos policías heridos el 27 de abril.
El 19 de mayo, en el Ejido La Florida, municipio de Múzquiz, Coahuila, se registró un tiroteo entre policías estatales y presuntos delincuentes que dejó seis civiles armados muertos y un policía gravemente lesionado.
El 26 de agosto, tres niñas de 4, 13 y 14 años, además de un hombre de 25, fueron asesinados a balazos en un rancho de la colonia Riberas del Bravo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas estaban en compañía de sus padres cuando un grupo de hombres armados ingresó y abrió fuego contra los presentes, llevándose al padre de las menores.
El lunes 4 de noviembre, en la sierra de Bavispe, Sonora, sicarios asesinaron a tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón, de ascendencia mormona, que viajaban a bordo de tres camionetas Suburbana. Otros seis infantes resultaron lesionados.
El gobierno aseguró que las primeras investigaciones apuntan a que la masacre se trató de una confusión; sin embargo, para los familiares de las víctimas fue un ataque directo.
Del centro al occidente
Una agresión a balazos ocurrida el 17 de febrero en Iztapalapa, alcaldía de Ciudad de México, dejó siete fallecidos y cuatro lesionados. En el ataque, un grupo armado disparó contra personas que se encontraban frente a la iglesia del pueblo de Culhuacán. Se presume que el embate tiene relación con el narcomenudeo.
El 10 de mayo, en el municipio de Puente de Ixtle, Estado de Morelos, fue atacado a balazos el autobús de personal del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 femenil de Coatlán del Río, que transportaba a 14 custodios que festejarían el Día de la Madre. El saldo fue de cinco muertos, dos de ellos mujeres, y tres lesionados.
Otras dos agresiones ocurrieron en Morelos en septiembre. Primero en la terminal de autobuses Estrella de Oro acribillaron a cinco personas y el día 20, en una casa de Cuernavaca, mataron a otras seis.
En Coquimatlán, Colima, el 8 de marzo una balacera dejó cuatro personas muertas y una herida. Sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia La Cazumba y abrieron fuego contra los cinco hombres, para después escapar.
El 21 de junio, en el bar Bohemio de Guadalupe, Zacatecas, se registró una agresión armada que causó la defunción de cinco personas y lesiones en otras seis.
En Jalisco, el 8 de febrero ocurrió un enfrentamiento a balazos en Tlajomulco, luego que hombres armados agredieran a personal del área de Homicidios Intencionales de la Fiscalía. Cinco presuntos delincuentes resultaron muertos.
El 6 de noviembre, en una brecha del municipio de Tonalá, fueron encontrados los cadáveres de siete hombres dentro de tres automotores con impactos de armas de fuego.
Las investigaciones
En muy pocos de los asuntos existen personas detenidas, aunque en más de la mitad las autoridades tienen pistas sólidas de los grupos agresores y tienen identificados a algunos de los participantes en las masacres, sobre todo en las ocurridas en bares de Veracruz y Guanajuato. Solo en cinco de los casos hay detenidos.
En los casos en que la Policía o el Ejército abatieron a sus agresores, se establecieron los grupos criminales a los que pertenecían. De igual forma cuando se enfrentaron miembros de diversos cárteles. Sin embargo, se desconoce la cantidad de órdenes de aprehensión que pudiese existir en caso de que ya se haya ejercitado acción penal por otros de los ataques armados.
No solo se investiga a presuntos sicarios, también a policías y militares que, como en los casos de los ocho muertos en Tamaulipas, existen dudas sobre el legítimo uso de la fuerza que argumentaron para victimar a los supuestos atacantes.
Artículo publicado el 24 de noviembre de 2019 en la edición 878 del semanario Ríodoce.
