Mover una pared o pintarla con otro color. Cambiar una tubería. Renovar cada resquicio del sitio. Ellas acatan pero luego viene una nueva solicitud. Mover otra pared. Cambiar otra tubería. Se convierte en una persecución. Así lo describen empresarias de estancias infantiles las supervisiones por parte de Protección Civil para poder operar.
Desde marzo de este año, con la extinción del programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las estancias infantiles tienen que operar con nuevas reglas y una supervisión estricta que han obligado a cerrar a más de 110 de 147 establecimientos en Culiacán.
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La explicación del titular de Protección Civil, Juan Francisco Vega Meza, precisa que con la extinción del programa, la parte que más resienten es la económica, ya que de ser parte del programa social, ahora son todas particulares.
“Las titulares de las guarderías resienten esa parte porque es algo con lo cual no estaban impuestas porque estaban bajo la tutela de SEDESOL, pero que además les daba dinero por cada niño que tenían y eso ya no lo tienen… hay una nueva realidad con las guarderías y es en todo el país”, dijo.
Sin embargo, la parte que las empresarias resienten es la supervisión. El proceso está bajo la tutela de Elvira Escamilla Calderón, empresaria con contratos subrogados con el ISSSTE y con el IMSS en Culiacán y Navolato.
La sospecha del grupo de empresarias es que para diciembre ninguna guardería del extinto programa continuará operando, y todas serían absorbidas por este nuevo esquema.
“Eso es lo que presumimos, que quieren subrogar y como ella (Elvira Escamilla Calderón) conoce mucha gente, tiene muchos prestanombres… y sobre todo porque se está yendo a ciertos sectores, ahorita visitó a una compañera y le pidió las perlas de la virgen, y le dijo, ‘o quieres trabajo, porque puedes tener trabajo’ porque ella está certificada. Yo siento que para allá va ella”, comentó una de las empresarias afectadas.
A partir de enero de 2019 con la terminación del programa de Estancias Infantiles de la extinta SEDESOL, las empresarias insisten en los diferentes problemas que en muchos casos han llevado el cierre establecimientos.
“Y esta señora Elvira en representación del DIF Estatal y ahí a todas las estancias sin excepción les ha pedido modificaciones ella al inmueble, entonces ahí es cuando dice uno que ya tiene todo, y nada”, añade.
Respecto al presunto conflicto de interés, Vega Meza señaló que no existe. A pesar de que la empresaria no labora de manera oficial ni en Protección Civil, en el Sistema DIF o en alguna de las dependencias que de manera colegiada supervisan a las estancias, ella mantiene una coordinación estrecha en cada visita.
“Elvira es colaboradora nuestra, nosotros tenemos todo un equipo de gente especializada en los diferentes temas y tenemos que tener gente… Elvira es parte de nosotros, nos ayuda, así es como nosotros estamos trabajando”, explicó.
—Me llama mucho la atención la presencia de Elvira porque ella tiene estancias infantiles, ¿no hay ahí algún conflicto de interés?
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—No, no, para nada. Si tú revisas, el Secretario de Salud es doctor y tiene un consultorio, y el Secretario de Desarrollo Económico es empresario y no por eso tienen que estar haciendo algunas situaciones indebidas; lo que estamos nosotros aprovechando es la experiencia que tiene una persona para poder nosotros como gobierno estar atentos y por el bien superior del niño, nada más.
Elvira Escamilla Calderón es propietaria de guarderías y esposa de un hermano de la esposa de Jesús Vizcarra Calderón, ex alcalde de Culiacán y ex candidato a la gubernatura.
En 2017, mientras era alcalde del municipio Jesús Valdés Palazuelos, Escamilla Calderón construyó un nuevo establecimiento sobre el boulevar Rotarismo. Los permisos, tanto de uso de suelo como la opinión favorable de Protección Civil, llegaron en tiempo y forma.
Meses más tarde, el 2 de enero de 2018, obtuvo vía adjudicación directa un contrato con el IMSS que le garantiza 922 mil 365 pesos mensuales por atender a 252 infantes, es decir, más de 11 millones de pesos al año. El establecimiento tiene como nombre Proyecto de Educación Integral AC, apenas uno de los cinco que tiene con el Seguro Social.
En entrevista, la empresaria negó cualquier conflicto de interés.
—Hay algunas personas que han hecho la acusación de que existe un conflicto de interés.
—¿Y tú qué opinas?
—No sé, yo le estoy preguntando a usted.
—El conflicto de intereses no existe, ¿por qué? una ni soy empleada del DIF ni de Protección Civil. Aquí es una empresa, mi empresa que presta servicios como le presto servicios al ISSSTE o al Seguro, es lo mismo, soy un prestador de servicios: aporto lo que sé o si no soy yo alguno de mis empleados que asesoramos en el cómo sí, pero ya si alguien anónimamente se atreve a decir que a mí me conviene, pues cómo si el niño que está en el programa de SEDESOL resulta que su familia no tiene una prestación del IMSS o del ISSSTE.
“Desde ahí yo te diría que no existe el conflicto de interés, pues no son mis clientes potenciales, dónde está el conflicto de intereses. Por qué voy a cerrar, que cierren cuando estoy consciente que hay una necesidad”.
Sin embargo esa opinión no la comparten las empresarias afectadas. La ocupación en más del 70 por ciento de las estancias infantiles ha ido a la baja no solamente por la eliminación del subsidio para su operación sino por las supervisiones. Y se preguntan:
“Por qué una institución como Protección Civil permite el hecho de que nos acosen, por qué permitirle a esta persona que vaya a la estancia respaldada por ellos, porque no lleva ninguna orden de visita, ninguna identificación, pero como va con Protección Civil la tenemos que dejar pasar, o sea, ¿por qué Protección Civil lo permite?”, denuncian.
Artículo publicado el 17 de noviembre de 2019 en la edición 877 del semanario Ríodoce.
