Bajo la etiqueta #NoNosVamosACallar más de 20 organizaciones civiles e instituciones, así como un grupo de ciudadanos, reprobaron la postura oficial por parte de las instituciones gubernamentales, luego de la rueda de prensa conjunta encabezada por la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJERES), Araceli Tirado Gálvez, quien arremetió contra el consejero ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Jenny del Rincón.

Fue mediante un desplegado donde organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Observatorio Nacional Ciudadano, CANACO Culiacán, Coparmex Mazatlán y CANADEVI, Parlamento Ciudadano, entre otros, alzaron la voz luego del episodio en que Tirado Gálvez arremetió contra las críticas del titular de la Coordinación General del CESP.

La controversia dio inicio con unas declaraciones de Jenny del Rincón quien señaló en rueda de prensa el 11 de octubre que existen diversas instituciones que no muestran avances en el tema de agresiones contra mujeres pese a estar obligadas a coordinarse y dar resultados en materia preventiva, además de que sus titulares muestran poca empatía con las víctimas, desinterés y falta de sensibilidad hacia el tema, lo que se refleja en la incidencia.

En delitos como violencia familiar y la violación, Del Rincón opinó que siguen marcando alertas por incrementos constantes mes a mes, lo que es una muestra de que la violencia contra las mujeres no ha disminuido y que no se cuenta con políticas públicas efectivas en la materia.

Entrevistado en el marco del Informe de Paz de Culiacán, organizado por Construyendo Espacios para la Paz, dijo que durante el mes de septiembre el delito de violación registró la cifra mensual más alta de denuncias en los últimos 10 años, alcanzando un total de 174 denuncias en lo que va del 2019, lo que representa 34 por ciento más que el año anterior.

Esto generó que el domingo 13, en un evento conjunto, Araceli Tirado, del ISMUJERES; Margarita Urías, de la Secretaria Técnica del Sistema Estatal para Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Alejandra Velatti Pérez, del Centro de Justicia para las Mujeres; Martha Ofelia Meza Escalante titular del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVIF); y Paola Gárate Valenzuela, del Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, descalificaron las declaraciones de Ricardo Jenny del Rincón coordinador general del Consejo Estatal de Suguridad Pública.

“Claramente asume atribuciones que no le corresponden al indicarle al titular del Ejecutivo Estatal las decisiones que debe asumir”, dijo Araceli Tirado durante el evento.

“Ya tiene años de vivir de su papel de representante ciudadano en las instituciones públicas a la vista de sus limitados resultados, se ha convertido en un burócrata de mediocre desempeño”, añadió la funcionaria.

La crítica que hacen los organismos e instituciones civiles a las funcionarias es que sus declaraciones son un ataque a la libertad de expresión y brindaron un total respaldo a los consejeros ciudadanos para seguir informando sobre cifras.

A continuación el texto íntegro del desplegado publicado en medios locales este miércoles:

En Sinaloa son pocas las vecrs que hablan claro sobre la violencia y la inseguridad. Durante muchos años fue parte de la estrategia del gobierno ocultar las cifras delictivas y tener a los organismos cómodamente sin voz.

En días pasados un grupo de funcionarias se organizó para descalificar al Coordinador General del espacio formal que tienen los sinaloenses para evaluar y dar a conocer los datos del fenómeno delictivo, la violencia y sus impactos sociales.

Bajo un compromiso de transparencia, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha difundido con sus permanentes diagnósticos importantes datos y evaluaciones sobre cómo va Sinaloa en seguridad pública y justicia.

Ahora con una evidente incomodidad por las cifras y críticas, se desacredita la imagen de la Coordinación General y su representante Ricardo Jenny del Rincón, con el aparente objetivo de silenciar la voz ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Más allá de agresiones y descalificaciones, lo importante es lo que dicen los datos y éstos confirman que los delitos contra la mujer y la familia siguen en aumento. ¿Por qué atacar a quien informa y exige resultados, cuando las cifras son las que evidencian el problema?

Lo que hoy reclamamos a las autoridades involucradas en este presumible ataque a la libre expresión ciudadana, es que con ese mismo empeño que mostraron para defenderse de las críticas, trabajen de mejor manera para combatir la violencia contra las mujeres, que innegablemente va en aumento.

A los Consejeros Ciudadanos les pedimos que continúen con su tarea de informar, dando cuenta de manera objetiva y apegada siempre a la evidencia documental sobre los avances y retrocesos de las instituciones de seguridad y justicia, pues los datos e índices tienen valor solo cuando son públicos, abiertos y accesibles para medir el desempeño del gobierno.