El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al oponerse a la ley contra facturas falsas y la creación de empresas fantasma, la Coparmex demuestra que estaban de acuerdo con la comisión de este delito.

De acuerdo a la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, la iniciativa prevé que la facturación falsa como la defraudación fiscal sean considerados delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

El martes, previo a que se aprobara la propuesta en la Cámara de Diputados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que interpondría amparos en tribunales mexicanos y, de ser necesario, ante instancias internacionales contra esta medida, informó Eje Central.

“¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo?, ¿cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas? Lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos”, mencionó López Obrador durante la conferencia mañanera de este miércoles, aunque señaló que no se trata de todos los comerciantes, sino de los dirigentes.

El mandatario cuestionó la honestidad y decencia de quienes integran el organismo, como Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.

“¿No que los que estaban evadiendo impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los ‘viene, viene’? Me dejó anonadado este asunto”, afirmó el tabasqueño.

Pero este no ha sido el único tema de la administración lopezobradorista al que ha mostrado negativa la Confederación, también lo ha hecho recientemente con la revocación de mandato, la cual señala en su página de internet es “antidemocrática y populista”.

Aunque han expresado que le apuestan al éxito de López Obrador, durante los más de 10 meses de gobierno se han opuesto al Plan Nacional de Desarrollo y a la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Durante el primero informe de gobierno del presidente López Obrador, De Hoyos Walther expresó que este fue un acto de divulgación ideológica, “prédica de la infalibilidad presidencial. Embate contra los vestigios del pasado. Veneración del Estado benefactor”.

La reforma a la ley implementada por el Presidente pretende imponer sanciones de dos a nueve años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas.