Aunque desde la anterior Legislatura la Auditoría Superior del Estado (ASE) había detectado presuntos daños al ISSSTEESIN por 900 millones de pesos, la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado el pasado día 02 de mayo es apenas por 68 millones de pesos.
El argumento de la ASE sobre la reducción drástica del monto en el que se presume daño, es que los hechos corresponden a periodos que ya prescribieron. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta, recibió la explicación de la titular de la ASE, Emma Félix Rivera.
“De los años prescritos ya no se puede hacer nada, ella me comentaba que ya no podían ser los 900”, relata el diputado de Morena.
Los hechos que pueden ser sancionados son sólo de los últimos cuatro años y medio, explicó la ASE al legislador.
“Hay que investigar por qué no se tomaron acciones en su momento, por qué tanta negligencia, por qué se dejó pasar ya teniendo resultados de auditorías, por qué no se integraron los expedientes a tiempo”, refuta el presidente de la Comisión de Fiscalización.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General está basada en los hechos referidos en la observación 395 levantada por la ASE.
De acuerdo con el informe presentado, en 2016 el ISSSTEESIN recibió recursos por un importe de 204 millones de pesos por concepto de aportación del 5 por ciento sobre el sueldo base de los trabajadores de educación a su servicio para ser invertido en la construcción de viviendas, de los cuales un importe de 176 millones habían sido transferidos por el Gobierno del Estado de Sinaloa y 27 millones por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES); sin embargo, en los registros contables del ISSSTEESIN no se identificó la aplicación de dicho recurso.
Ante la ASE, el director general del ISSSTEESIN argumentó mediante el oficio número IDG/002/2018 de fecha 08 de enero de 2018, que los recursos fueron aplicados para el pago de nómina de jubilados y pensionados del instituto.
De acuerdo con el artículo 304 bis del Código Penal de Sinaloa, el servidor público que reciba o administre recursos públicos y omita destinarlos al fin para el que estaban previstos, o los aplique a un fin distinto al establecido, podría ser sujeto de prisión de entre cuatro y 12 años, además de inhabilitación de dos a ocho años para ejercer funciones públicas.
En el informe entregado por la ASE a la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, sobre el estado que guardan los pliegos de observaciones, se señala que el ISSSTEESIN tenía un total de 63 observaciones que representaba un monto total de 805 millones 575 mil pesos, correspondientes a los ejercicios de 2011 a 2016.
Posteriormente a los resultados de la auditoría, el ISSSTEESIN únicamente solventó siete observaciones de hechos, que representaban un monto de 169 mil 064 pesos.
La ASE consignó en su informe que solamente había 35 observaciones no solventadas por un total de 73 millones 100 mil pesos, y que estaban solventadas parcialmente ocho observaciones por un total de 606 millones de pesos. No consigna en específico la prescripción de los hechos que pudiesen haber concluido en denuncias penales.
La auditoría financiera al ISSSTEESIN se realizó para atender un punto de acuerdo del Congreso el Estado emitido el 06 de junio de 2017, producto de las demandas señaladas por integrantes del grupo “Somos Más de 53”, que presumían irregularidades en el manejo de los recursos aportados para el fondo de construcción de viviendas.
En el informe de la auditoría realizada por la ASE, se había observado también un total de 168 cálculos de 150 jubilaciones, con un total de 2 mil 058 pasos con una diferencia superior al cálculo, por un total de 4 millones 439 mil pesos. Sin embargo, este caso no estaba contemplado en la denuncia presentada formalmente ante la Fiscalía General del Estado.
En los resultados de la auditoría, los números del ISSSTEESIN salieron en números rojos y la normatividad gubernamental.
En opinión de la ASE, al término de la auditoría, el ISSSTEESIN no contaba con un control interno eficiente, ya que no proporcionó una seguridad razonable en la eficiencia y eficacia de la operación, ni en la confiabilidad de la información.
Durante la reciente conferencia de prensa, la auditora Emma Félix Rivera habló sobre la auditoría del ISSSTE, los 900 millones observados, la denuncia penal sobre los hechos encontrados, pero prefirió no precisar que el monto denunciado había empequeñecido, menos aún porque los delitos habían prescrito, mientras la ASE integraba los expedientes.
Artículo publicado el 6 de octubre de 2019 en la edición 871 del semanario Ríodoce.
