La senadora panista Xóchitl Gálvez propuso una iniciativa para ampliar la definición de conflicto de interés, con el fin de evitar casos como el de Manuel Bartlett, director de la Comisión Electricidad de Electricidad (CFE), quien en su declaración patrimonial ocultó bienes de su pareja sentimental e hijos.

En conferencia de prensa, la legisladora dijo que bautizó la iniciativa como “Ley Bartlett”, porque con ella se busca eliminar los resquicios fortaleciendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que el conflicto de interés incluya entre sus causas posibles de desempeño imparcial las relaciones familiares por consanguinidad o afinidad, de pareja sentimental, de amistad, afectivas, profesionales y laborales, informó la agencia Apro.

“No es malo tener compadres que se dediquen a la industria farmacéutica o a la industria del papel, el problema es no declararlo de manera pública en su declaración de conflicto de interés”, dijo Gálvez.

“En el caso de Bartlett no hay vuelta de hoja, es su concubina”, destacó en referencia a Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental del titular de la CFE, quien argumentó que ella, además de los hijos del exgobernador de Puebla, son independientes económicamente y por ello no declaró 25 propiedades y 12 empresas, como reveló una investigación periodística dada a conocer por el diario El Universal y W Radio.

“Estos cambios a la ley evitarán que tengamos, ante omisiones en declaraciones patrimoniales y conflictos de interés, un chu chu chu como respuesta”, opinó Gálvez.

La iniciativa busca que los servidores públicos adjunten copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) en su declaración patrimonial, ya que actualmente es optativo añadirla.

“Ello en razón de que es un instrumento indispensable para el control de la evolución patrimonial del declarante, e increíblemente en la actualidad sólo es optativo adjuntarla”, se lee en la propuesta de la panista.

Entre otros puntos, propone que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lleve a cabo revisiones anuales de la evolución patrimonial de los servidores públicos, y estudios sobre la congruencia y consistencia de las declaraciones presentadas.

De acuerdo con la senadora, con estas reformas los servidores públicos tendrán que declarar el patrimonio del cónyuge o pareja sentimental, parientes por consanguinidad o afinidad, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, y de terceros con los que tenga relaciones de dependencia económica, profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

También incluye reformas al Código Penal Federal para castigar al servidor público que omita información referente al incremento de su patrimonio o el de todas las personas cercanas a él, con penas que irían de dos a siete años de prisión.