“No te desesperes, esto va a aclararse pronto; mientras, aprovecha estos días para leer”, le dijo Abel a su nieto Rafael Méndez, sentado del otro lado de la mesa en aquella estancia de techos altos y cámaras ocultas. “Estábamos en el Centro de Arraigo a donde lo enviaron por 90 días y yo estaba confiado en que iban a dejarlo libre”, agrega.

Pero desde aquella recomendación han transcurrido 11 años y medio, tiempo que Rafael ha estado preso en una cárcel de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.

Rafael cumplió su sentencia el 2 de marzo de 2018. Debía estar libre, pero continúa recluido. El motivo aparente es que el joven no ha dejado de solicitar que se investigue la tortura física y psicológica a la que fue sometido durante su detención.

“Por eso las autoridades han estado alargando el proceso después de que la sentencia ya se cumplió, porque no les conviene que se comprueben los abusos que cometieron”, dice Abel Valenzuela, abuelo de Rafael, al referirse al proceso judicial que no termina de sorprender a familiares del joven y a organismos internacionales defensores de derechos humanos.

El juicio de Rafael ha estado repleto de irregularidades. En el transcurso de 11 años y medio, los jueces se han negado a investigar la denuncia de tortura. Incluso el expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó que se investigara “de inmediato” a través de exámenes con base en el protocolo de Estambul “en la inteligencia que de no hacerlo, se vulnerarán las reglas esenciales del procedimiento…”

De ese dictamen de la Suprema Corte han transcurrido ya casi tres años, tiempo en el que se le han realizado a Rafael dos diferentes estudios, con el mismo resultado: secuelas físicas y psicológicas de tortura. Aun así, continúa preso.

Por ello, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acogió el caso. Y en un comunicado fechado el 14 de agosto de 2019, señala que la privación de la libertad de Rafael es arbitraria y pide su liberación inmediata.

Detención y tortura

De acuerdo al expediente del caso, Rafael fue torturado en tres ocasiones durante su arresto: por agentes estatales del Estado de México, por personal militar y por policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Seis horas y media de tortura física y psicológica desde la detención para firmar una declaración incriminatoria.

La ampliación de declaración de Rafael relata que el 22 de enero de 2008, policías estatales lo condujeron hacia un paraje conocido como Cerro Colorado, en donde lo mantuvieron tirado en el piso por alrededor de dos horas, tiempo en que le patearon la cabeza y el cuerpo, para luego entregarlo a policías federales que lo transportaron en helicóptero a un hangar de Toluca; al descender lo empujaron fuera del aparato con los ojos vendados y las manos esposadas y cayó al piso dislocándose el hombro izquierdo.

En el hangar, los soldados lo transportaron a un sótano oscuro en donde lo patearon, le echaron agua mineral por la nariz y le pusieron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo; le dijeron que sabían dónde vivía su familia y que la iban a matar, pero que primero la torturarían como a él. Después lo sentaron en un banco frente a una mesa en donde colocaron sus manos esposadas, y con un ladrillo golpearon sus dedos, uno a uno, hasta romperlos.

Luego empujaron el banco donde estaba sentado, y cayó hacia atrás golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Las lesiones en los dedos y el golpe en la cabeza se advierten en los subsecuentes dictámenes de integridad física y en las secuelas que permanecen hasta el día de hoy.

Fueron dos horas más de tormento en ese sótano, antes de ser trasladado a las oficinas de la entonces SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) en la Ciudad de México, donde la tortura continuó. Patadas en el estómago y asfixia con una bolsa plástica sobre la cara.

Rafael fue exhibido en periódicos, radio y televisión como miembro del grupo delictivo La Familia Michoacana, de acuerdo a la información enviada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“Todo eso lo explica mi nieto en su declaración, dice el abuelo del joven, pero la autoridad no investigó la tortura, sólo tomó en cuenta las declaraciones de los policías estatales que lo arrestaron como a las dos de la tarde, lo entregaron a los policías federales y a los militares, y luego llegaron como a las ocho y media de la noche a la SIEDO con la camioneta, cartuchos y armas”.

Burócratas del sistema

Rafael fue trasladado a un penal de máxima seguridad el 10 de marzo de 2008. “Y desde entonces hemos vivido un infierno, pues a mi nieto lo sentenciaron sin tomar en cuenta la declaración de tortura, los dictámenes médico y psicológico, la falsificación de un estudio de integridad física, ni las contradicciones de los policías”, menciona Abel Valenzuela.

“Los meses pasaban y el abogado de oficio no atendía las llamadas y cuando lo hacía recomendaba esperar”, agrega.

Un grupo de expertos independientes le practicó a Rafael los exámenes médico y psicológico en diciembre de 2017, los que concluyeron que “sí existen secuelas físicas en la integridad corporal y también alteraciones en la salud mental de Rafael”, y que “sí hay una relación entre los signos observados y la denuncia de tortura”.

La jueza determinó que Rafael sería evaluado de nuevo, pero con peritos del CJF. Los resultados de los estudios “oficiales” concluyeron que “si hay evidencia física y secuelas mentales moderadas descritas en el Protocolo de Estambul por haber recibido acciones de tortura”.

El abuelo de Rafael refiere con tristeza: “se le han ido a Rafael 11 años de su vida más productiva queriendo demostrar su inocencia, siguiendo las reglas del mismo sistema que lo tiene preso, pero él siempre se mantuvo en la idea de que se investigara la tortura porque la verdad estaba de su lado, y mire que sí, con todo y que ya están los resultados a su favor, seguimos esperando que lo liberen”.

Artículo publicado el 1 de septiembre de 2019 en la edición 866 del semanario Ríodoce.