Alrededor de 16 mil hectáreas no pueden ser tocadas por la constructora ICA ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por orden del Juez Décimo de Distrito.

Alejandro Espinoza Balderrama, abogado de los comuneros de Santa María declaró que el lunes presentaron la solicitud de amparo y el miércoles obtuvieron respuesta.

No obstantes que la obra se realiza actualmente sobre una superficie de aproximadamente 2 mil 300 hectáreas, son 16 mil las que no podrán tocar, explicó.

Los permisos y licencias que se encuentren en trámite, como cambio de uso de suelo, y de cualquier otro tipo, agregó, también quedan detenidos.

La razón, dijo, es por considerar que se violaron los derechos de los comuneros durante cinco años y medio, no se respetó a la propiedad comunal, el pago de avalúos de bienes distintos  a la tierra fue incorrecto y completamente en desventaja hacia los dueños de la tierra donde se construye la presa.

Por ejemplo, los comuneros recibieron 700 pesos por cada árbol frutal, cuando por la edad y productividad se estima que tienen un costo de 12 mil pesos.

Se destruyeron huertas, bosque,  bancos de materiales, llegó la empresa y se apropió de éstos últimos con concesiones otorgadas por el gobierno federal, sin que a los comuneros se les notificara.

La figura encargada de defender su derecho, agregó, era la Procuraduría Agraria, pero en vez de eso actuó para favorecer los trámites para que se hiciera la obra perjudicando a los comuneros, toda vez que no se respetó la propiedad.

“Esos son los argumentos de violación que nosotros estamos haciendo valer al Juez, la constitución protege la propiedad comunal”, dijo.

Espinoza Balderrama dijo que en septiembre habrá una audiencia en la que se aportarán pruebas y se hará revisión del caso, además que el gobierno del estado,  gerencia de la Cuenca Pacífico-Norte de la Conagua, la Sedatu  y la Procuraduría Agraria ya aparecen como autoridades responsables de acuerdo a la Ley de Amparo.

Y de acuerdo a los informes justificados que se alleguen al juicio se está en posibilidad de ampliar demanda para nuevas autoridades responsables, agregó.

La solicitud de la demanda de amparo fue hecha por el presidente, Secretario y Tesorero de la Mesa Directiva, precisó.

Dijo que hay violación a los artículos  14 y 16 que establecen que nadie puede ser afectado en su posesión y propiedad y que se debe adecuar a procedimiento del debido proceso.

Cuestionó que solo se les haya dado 762 mil pesos por concepto de ocupación previa y se haya firmado por diez años.

“¿Cómo va a ser posible, si la misma jurisprudencia en expropiación dice que el proceso de expropiación va a durar en lo que te tardes en valuar los bienes que vas a dañar 762 mil 224 comuneros al año y así los hicieron firmar, ya si lo avaló, quien era su abogado, que es el abogado oficial de Procuraduría Agraria, los pusieron de pechito”, consideró.

El abogado criticó que los dueños de la tierra nunca hayan recibido la atención y respeto por parte de las autoridades ni de las organizaciones que están a favor de la construcción de la obra.

“He visto participación de diputados en la cámara donde dicen necesitamos que haya más recursos por el beneficio que traerá la obra y que reubiquen el pueblo”, dijo.

La obra apenas había sido reactivada en julio pasado, luego de una visita de la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros y de la constructora ICA, el gobierno federal definió la distribución de los 250 millones que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en su gira en el enero de este mismo año.

Del monto definido 193 serían destinados a pagar deudas que el anterior gobierno contrajo con la constructora por estimaciones pendientes de pago y los meses que estuvo detenida.