“Yo no puedo decir que (con Malova) hubo corrupción”, asegura Humberto Villasana Falcón, el abogado de los malovistas.
“No me toca a mí decirlo…”, agrega y se repone.
Presume su carrera como abogado: inició a los 23 años, trabajó en la Aduana y pasó a ser el Abogado de el exgobernador Mario López Valdez desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, que administraba Gerardo Vargas Landeros.
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—¿Con qué grupo se identifica más?, ¿con el malovista o con el de Gerardo?
—Es una muy buena pregunta… cualquiera te lo puede decir… yo soy cercano a Malova. No lo era. Yo a Malova lo conocí en el 2010, yo no lo conocía, y la relación fue de trabajo. Obviamente con Gerardo también tengo mucha cercanía.
—¿Cómo fue la relación con Malova en el 2010?
—Yo ayudé con el equipo jurídico que llevó la defensa electoral del entonces candidato Mario López Valdez.
El resto es historia ya conocida: López Valdez ganó la gubernatura con las siglas de Convergencia, PRD y PAN, y derrotó al empresario Jesús Vizcarra Calderón.
Villasana Falcón fue colocado como director de Asuntos Jurídicos, y conoció cada uno de los detalles penales y administrativos que fueron señalados a la administración malovista. Era, pues, quien defendía y, al mismo tiempo, conoció las debilidades de López Valdez y todos los secretarios, subsecretarios, coordinadores y directores de esa administración.
En 2016, en el último tramo, fue colocado en un puesto clave. Juan Pablo Yamuni Robles decidió dejar la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas para postular a una candidatura por el PAN en Ahome. En su lugar, López Valdez designó a Villasana Falcón.
“Teníamos un récord”, señala, “eran 120 sanciones administrativas contra funcionarios por irregularidades”.
Fueron 10 meses en los que tenía una misión: limpiar las cuentas de la administración malovista, pero no fue suficiente.
La Auditoría Superior de la Federación estableció que a su salida, López Valdez había dejado más de 6 mil millones de pesos en irregularidades. La mayoría de estas han sido resueltas por la administración de Quirino Ordaz Coppel, rebajando a mil 200 millones de pesos esa deuda en sanciones.
Pero la carrera de Villasana Falcón no terminó con la salida de López Valdez de Gobierno del Estado, tampoco su trabajo de limpiar el desorden.
Apenas llegó Quirino Ordaz Coppel y se comenzó con una revisión, que terminó en 15 sanciones administrativas, en las que incluyó a cuatro exsecretarios: Rafael Lizárraga Favela, de Turismo; José Luis Sevilla Suárez Peredo, de Obras Públicas; Ernesto Echeverría Aispuro, de Salud; y Armando Villarreal Ibarra, de Administración y Finanzas.
Además, la Fiscalía General del Estado llevó investigaciones de 14 exfuncionarios y funcionarios por denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado por irregularidades. En esos casos se involucró a tres secretarios, que son los mismos por los asuntos administrativos, con la excepción de Sevilla Suárez Peredo.
Es ahí donde Villasana Falcón ha puesto manos a la obra.
—¿Con quién trabaja usted?
—Con quien me busque —asegura.
Su especialidad ha sido el trabajo jurídico sobre asuntos administrativos, y ha llevado casos como el de Ernesto Echeverría Aispuro, sancionado con 15 años de inhabilitación y una multa que supera los 480 millones de pesos.
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Pero no se limita, es asesor jurídico de Armando Villarreal Ibarra, quien enfrenta un asunto penal con la acusación de haber desviado 293.5 millones de pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Así también lo fue de Luis Ángel Pineda Ochoa, quien ya fue condenado a 13 años de prisión, una multa de 54 mil 780 pesos y la devolución de los 8 millones 651 mil 798. 52 que dijo que usó para pagar campañas turísticas, pero que se demostró que lo desvió hacia cuentas personales.
—Sobre usted pasaron prácticamente todos los casos que están en lo penal y lo administrativo…
—Habremos de recordar que algunos de los asuntos, si no es que todos, porque estamos hablando así de memoria, derivan de auditorías que se derivan de auditorías, de procedimientos que se iniciaron posteriormente, una vez concluida la administración de Mario López Valdez.
“No digo que esté bien, no digo que está mal, lo que estamos tratando de determinar son los tiempos. Si tu pregunta es concretamente si yo sabía de los temas que ahora se están ventilando, no sabía.
“No tuve ni conocimiento personal de los temas, ni conocimiento formal u oficial, de ninguna manera, te lo digo con toda la tranquilidad del mundo y con toda la entereza”.
Ahora es el defensor de los malovistas, un abogado mesurado, que prefiere evitar la confrontación sobre cómo se ha conducido la actual administración sobre las sanciones a sus excompañeros.
“Considero que no soy yo para juzgarlo, lo que sí debo decir es que todos, todos los mexicanos, tienen derecho a una legítima defensa”, agrega.
Villasana Falcón ha estado resolviendo todos esos casos pendientes, y se ha aliado con abogados, contadores y auditores, según el caso.
“Por ejemplo, si llega un excompañero y me dice: ‘necesito que me apoyes, pero ya traigo este abogado’, entonces yo platico con él y lo que le sirva que lo tome y lo que no le sirva que no lo tome, él sabrá qué hacer”, señala.
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“Si tú tienes confianza en él, adelante, no pasa nada”.
Ese equipo que ha formado es de confianza, pues reconoce que los casos no terminarán en los 15 administrativos y 13 penales.
—¿Malova tiene solicitado amparos?
—No. No.
—¿Por qué no?
—Porque no ha habido motivo para hacerlo.
—¿Usted tampoco ha solicitado amparo?
—No tampoco… pero dime si necesito solicitarlo (suelta una carcajada).
Artículo publicado el 11 de agosto de 2019 en la edición 863 del semanario Ríodoce.
